28 Febrero 2024, 15:26
Actualizado 28 Febrero 2024, 15:29

Mientras siguen los enfrentamientos políticos a cuenta del regadío de tierra de Barros, de Europa llega otro posible nuevo revés. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva ley de restauración de la naturaleza. Una normativa que ha crispado más aún al campo ya que podría suponer la retirada de tierras de cultivo y aumentarían los trámites burocráticos para los agricultores y ganaderos.

"No deja de ser una nueva puñalada para el campo español y extremeño", ha indicado Juan Metidieri, presidente de APAG-Extremadura ASAJA. Por su parte, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha señalado que la norma tampoco le gusta aunque se ha mostrado más cauto hasta saber realmente qué es lo que se aprueba y qué no.

Las reacciones políticas tampoco han tardado en llegar. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no entiende la doble vara de medir del partido socialista. "Me parece vergonzoso que el gobierno de España, el partido socialista, tenga un discurso aquí diciendo que defiende a los agricultores y ganaderos y vote a favor de una ley que vuelve a asfixiar a nuestro campo". 

En cuanto a recursos hídricos, Extremadura también podría verse afectada. Otro de los aspectos que recoge la ley es que los Estados miembros de la UE tendrán que restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos para que fluyan libremente. Según Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio, ello podría acelerar el proceso de destrucción de presas. "Sino fuese por los pantanos, ríos como el Guadiana no correrían libremente algunos veranos porque no tendrían caudal".

Sin embargo, para los ecologistas la aprobación de esta nueva norma supone un paso esperado y muy importante en favor de la biodiversidad. "Lo que realmente atenta contra la agricultura y la naturaleza son las actividades intensivas que se dan en el territorio", ha explicado Lucas Barrero, miembro de Ecologistas en Acción.

La convulsa norma no es definitiva. Aún tiene que obtener el visto bueno del Consejo Europeo.