Arriba a la izquierda, Sandra Valencia, diputada del PP. Arriba a la derecha, Isabel Gil Rosiña, diputada del PSOE. Abajo a la izquierda, Irene de Miguel, diputada de Unidas por Extremadura. Abajo a la derecha, Álvaro Sánchez Ocaña, diputado de VOX.
Los 4 grupos parlamentarios con representación en la Asamblea han valorado hoy la situación del transporte escolar en la región. La oposición ha arremetido contra la gestión de la Junta, a la que exige responsabilidades y explicaciones. Mientras el PP defiende las medidas que se han tomado por parte del Gobierno extremeño.
Los socialistas piden a la presidenta María Guardiola que dé la cara y a la consejera que dimita. El PSOE ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia y ante el defensor del pueblo la decisión de la Junta de impartir clases online; y anuncia mociones en todos los ayuntamientos. La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, asegura que "este es un ataque al mundo rural sin precedentes en nuestra región. Lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de la Junta de Extremadura es mostrar una incapacidad manifiesta para resolver lo ordinario".
Vox, por su parte, reclama más autocrítica por parte de la Administración y cuestiona las decisiones adoptadas. Además, acusa a la Junta de coaccionar al sector. Álvaro Sánchez Ocaña recuerda que "el deber de la administración es gestionar con eficacia la educación, que es un derecho fundamental. ¿Y la solución?, la solución no tiene ningún sentido".
Y Unidas por Extremadura subraya la "ineptitud" del Gobierno regional y lo tacha de "inepto y soberbio". La portavoz del grupo, Irene de Miguel, critica que "de un día para otro hay que implantar la educación híbrida", en la que una mitad de los alumnos están en clase y la otra mitad online. "Eso es inaceptable, pero ¿estamos locos?, pero ¿qué soluciones son éstas? este gobierno está fuera absolutamente de la realidad", ha sentenciado De Miguel.
PP defiende la gestión de la Junta
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular defiende que había que llevar el caso a los tribunales porque las empresas han roto el diálogo, y recuerda la mala gestión del PSOE en la legislatura anterior. La popular Sandra Valencia ha dicho que las empresas estaban trabajando en un convenio marco en el que el PSOE había marcado unos precios de 2016, en ese momento, añade, "las empresas del transporte trabajaban a pérdidas, y el Partido Socialista lo sabía".
