Nuevo pleno en la Asamblea de Extremadura que, como cada jueves, ha comenzado con las preguntas a la presidenta de la Junta. Unidas por Extremadura y el PSOE han criticado el rumbo social y fiscal de las cuentas, mientras que María Guardiola ha defendido la solvencia de su proyecto basándose en la estabilidad económica y la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Choque por las pensiones y el gasto social

El primer gran foco de conflicto se ha centrado en las políticas asistenciales y la viabilidad del sistema de pensiones. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado, en su pregunta a la presidenta, al Partido Popular de mantener un "proyecto oscuro" junto a Vox para privatizar las prestaciones. De Miguel ha calificado de "vergüenza" que el complemento autonómico para las pensiones no contributivas solo suba 5 euros al año en el nuevo presupuesto.

Por su parte, María Guardiola ha replicado con firmeza, al asegurar que las 250.105 pensiones contributivas de la región están plenamente garantizadas. La presidenta ha afeado a la oposición que recurra al "alarmismo" y al "miedo" por intereses partidistas, al tiempo que ha reprochado al Gobierno central de Pedro Sánchez llevar cuatro años sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado, obligando a los jubilados a depender de decretos ley de última hora.

La batalla por la ecotasa y el futuro de Almaraz

La segunda pregunta ha sido la del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, quien ha acusado a la Junta de elegir "aliviar la carga fiscal de las grandes eléctricas" en lugar de proteger a las familias, los jóvenes o el sector del olivar. Según el PSOE, la rebaja impositiva desprotege los servicios públicos.

Guardiola ha defendido la medida, revelando que la bajada del 30% de la ecotasa extremeña fue la clave definitiva para que las empresas operadoras solicitaran formalmente la prórroga de la central nuclear de Almaraz. La presidenta ha acusado al PSOE de querer hacer inviable la energía nuclear subiendo los impuestos estatales un 70% en cinco años y se ha mostrado "orgullosa" de haber salvado miles de empleos en la región gracias a una decisión que calificó de responsable y respaldada por la sociedad civil.