Los okupas ya han abandonado el apartamento turístico, pero lo vivido en Baños de Montemayor ha puesto en alerta a la federación empresarial extremeña de turismo rural. Su presidente, Ignacio Lozano, reclama más seguridad jurídica para el turismo rural.

"La vía penal debe ser preferente e inmediata", asevera Lozano.

Estos contratos son de carácter mercantil y se rigen por el código civil, según recuerda el abogado Fernando Cumbres. Por tanto, si hay un supuesto contrato con los propietarios, podríamos estar hablando de un delito de falsedad en documento privado. 

Y si además los okupas intentan hacer valer ese documento en sede judicial, podrían incurrir en un delito de estafa, que está penado con hasta 3 años de prisión, advierte Cumbres.

En todo caso, desde la federación han hecho una serie de recomendaciones a sus socios: hacer un inventario del mobiliario con su valor económico, especificar si hay fianza al hacer la reserva, o solicitar las firmas de entrada y salida y dejar claro la cantidad a pagar si se retrasan en abandonar el alojamiento.