Los partidos que sostienen al gobierno regional siguen defendiendo la constitucionalidad de la ley de Concordia. Para el Partido Popular se trata de una cuestión ideológica del Gobierno central. "Si hubiese sido una ley totalmente inconstitucional hubiesen recurrido toda la ley y no lo han hecho. Han buscado unos resquicios para meter un recurso totalmente ideológico buscando la confrontación con las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Extremadura", ha dicho el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá.

Vox habla de politización de la Justicia y plantea, si fuese necesario, volver a aprobar una ley similar. La diputada Inés Checa dice que se trata de "un Tribunal Constitucional totalmente politizado por la mafia de Pedro Sánchez. Da igual lo que hagan porque seguiremos impulsando y aprobando cuantas leyes sean necesarias para seguir defendiendo la concordia", 

Para los partidos de la oposición la decisión del Constitucional es comprensible. El PSOE cree que se debe derogar completamente a pesar, dice, de lo que defiende ahora la Junta. "Y mientras le deban el gobierno a la extrema derecha, van a pues van a seguir ahondando en esa ley de concordia que yo espero que el Constitucional diga que hay que borrarla del mapa porque restringe derechos, porque nos devuelve a un momento de la historia de Extremadura que queremos superar", ha explicado el secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina.

Unidas por Extremadura dice que la decisión, tomada por unanimidad, se veía venir viendo el texto de la ley. Para la líder de la formación, Irene de Miguel "es obvio que esta ley de Concordia es una ley infame, anticonstitucional. Y me hace mucha gracia escuchar al gobierno extremeño decir que es que no puede haber víctimas de primera y de segunda. Esto es como si quisiéramos equiparar a los nazis y a las víctimas del holocausto".   

Todavía falta que el Constitucional entre en el fondo del asunto, para lo que no hay plazo, y dicte sentencia.