Los agricultores extremeños se plantan por primera vez ante la industria del tomate

Situación insólita en el sector del tomate concentrado extremeño. Muchos productores pacenses se han negado a firmar los contratos con las plantas transformadoras por debajo de los costes de producción, cifrados en 150 euros por tonelada. Así, en torno al 40% de la próxima cosecha se ha quedado sin firmar y los agricultores pierden la ayuda acoplada.

El 60% de la próxima cosecha del tomate transformado en la región se firmó a lo largo de este jueves, entorno a los 150 euros la tonelada. Es el dinero que pagarán a los agricultores del Alagón, las industrias del norte de Cáceres, y algunas en las Vegas del Guadiana.

En este sentido, y pese a que este 60% de la cosecha ya está firmada, Juan Francisco Blanco, presidente del grupo del tomate de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, ha mostrado en Canal Extremadura, en el programa 'Ahora Extremadura', su negativa a aceptar los costes de producción detallados por las cooperativas. Estas habían fijado unos costes mínimos de 145 euros, basándose en las desfavorables condiciones para la producción del año pasado y estudios internacionales. "Esos costes, divididos entre la producción media que obtuvimos el año pasado, pues nos salía 145 euros mínimos para pagar el  tomate".

Las cooperativas y algunas empresas privadas acordaron un precio de 145-150 euros, pero otras empresas se negaron rotundamente. No obstante, muchos productores pacenses se han negado a aceptar los 130 euros por tonelada que ofrecían las tres procesadoras más grandes, Conesa, Transa y Alsat.

Esos agricultores, de la zona de Villanueva de la Serena han negado su firma en los contratos con las industrias tomateras, reclamando condiciones justas e insostenibilidad en los precios ofrecidos. Según palabras de Herminio Íñiguez, presidente de la asociación de agricultores y ganaderos de Villanueva de la Serena, la negativa surge como una defensa necesaria ante la propuesta de precios por debajo de los costes de producción.

Esta negativa a firmar los contratos en el plazo legal establecido por la Junta de Extremadura, afectará, de manera significativa, a cooperativas como la de Villanueva Serena y la de San Isidro en Miajada. Íñiguez subraya que "estamos hablando de muchos millones de kilos de tomate que no se van a hacer."

Ahora se inicia una segunda ronda de negociaciones, ya sin la presión del plazo. Aunque estos agricultores pierden la ayuda asociada de tres euros por tonelada, al no llegarse a un acuerdo dentro del tiempo fijado por la UE. En ese sentido, Íñiguez advierte que "el tomate ayer a las 12, menos 5 valían 150 euros la tonelada. Hoy vale 153 euros la tonelada", trasladando la pérdida de esa ayuda a la industria.

Las grandes plantas alegan sobreoferta de tomate, pues ante la situación ruinosa del arroz, muchos productores meditan cultivar esta hortaliza. Las lluvias de este invierno garantizarían una cosecha de tomate casi normal, en riego y hectáreas plantadas.

Así quedan los precios de las contrataciones de tomate hasta la fecha

Según ha podido saber Canal Extremadura, estos serían los precios que ofrecen cada una de las empresas transformadoras en la negociación de los contratos del tomate.

EMPRESA	PRECIO
Cidaco	150 euros por tonelada. Precio de fábrica
Tomalia	143 euros por tonelada + 7 euros de bonificación en Vegas Altas y 12 en Vegas Bajas. Precio de fábrica
Carcesa Montijo	150 euros por tonelada en campo
Tomate del Guadiana	150 euros por tonelada en fábrica
Martinete	150 euros por tonelada en fábrica + 5 euros de bonificación
Sol de Valdivia	140 euros por tonelada en campo y 145 euros por tonelada en fábrica
Pronat	145 euros por tonelada en fábrica
Inpralsa	145 euros por tonelada en campo
Alsat	130 euros por tonelada en campo + 5,64 euros por tonelada de bonus de campaña 2023 y 7-8 euros por tonelada de bonus de campaña 2024
Transa	130 euros por tonelada en campo
Conesa	130 euros por tonelada en campo

Cuando el precio es en el campo, es la industria la que paga el transporte. Sin embargo, si el precio está estipulado en fábrica, es el agricultor el que lo paga. 

UPA-UCE Extremadura denuncia a varias industrias tomateras por "saltarse la ley" y pagar precios "por debajo de costes"

UPA-UCE Extremadura ha denunciado el "abuso de posición dominante" de una parte de las industrias del tomate contratado por "saltarse la ley" y pagar precios "por debajo de costes".

Así, en nota de prensa, UPA-UCE ha informado de que estas industrias --Conesa, Agrat, Transa y Alsat-- intentan "obligar" a los productores de tomate y a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) a firmar contratos con precios que "ni tan siquiera cubren los costes, saltándose así la Ley de la Cadena Alimentaria".

La organización agraria ha lamentado que la primera consecuencia de esto es que la mitad de la producción no se haya contratado a fecha de este pasado jueves, 15 de febrero, lo que "deja fuera de la normativa comunitaria a esta producción".

Por ello, UPA-UCE ha reclamado la "intervención inmediata" de la Consejería de Agricultura de la Junta y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para lograr frenar esta "vulneración" de la ley por parte de las industrias, que están "amenazando a muchos agricultores de la región y a todo un sector que es de vital importancia para Extremadura".

Asimismo, la organización profesional agraria ha trasladado su apoyo a los agricultores tomateros y a las OPFH por la respuesta "unánime y firme" que están dando a estos "especuladores" al no aceptar el "abuso de las industrias, quienes intentan enriquecerse a costa de los productores de tomate extremeños incumpliendo la ley".

"Esta organización agraria anuncia que actuará con todos los instrumentos que tenga al alcance contra lo que considera un claro ataque a los productores de tomate extremeños", ha asegurado.

La Junta espera que el 40% del tomate sin contrato con la industria cierre acuerdos "equilibrados" para ambas partes

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha reconocido que se trata de una "situación complicada", ante lo cual ha reafirmado que desde la Junta van a intentar resolver todo lo que afecte a las ayudas que van ligadas al tomate y a los propios contratos para intentar ponerle una "solución".

Asimismo, esperan que lleguen a un acuerdo de precios entre las partes para el resto del tomate que se ha quedado sin contratar, y ha matizado que esas contrataciones se hacen entre la empresa y los agricultores o las cooperativas.

"Todo tiene que ser la voluntad de ellos. Nosotros lo que esperamos es que lleguen a un acuerdo que sea equilibrado para ambas partes", ha incidido, junto con que el papel del Ejecutivo autonómico pasa por llegar a solventar los problemas que se le generen a los agricultores por no tener el contrato en la fecha, y van a intentar arreglarlo "de la manera que sea posible", de forma que "ese es el papel que tiene la Junta", dado que "entre un contrato privado entre una industria y un agricultor lógicamente son las partes las que tienen que decidir".

A este respecto y a preguntas sobre los estudios de costes mínimos que sí existen en otros sectores de la agricultura y qué administración debería encargarse de ello, ha explicado que, para la Junta, "la cosa está muy clara" y tienen que realizar esos costes de producción adaptados al territorio, ante lo que ha apuntillado que cada comunidad debería hacer lo mismo, pero que el "problema" es que esos costes tienen que ser "oficiales", y para ello el Ministerio tiene que establecer los criterios con los que las regiones tienen que elaborar esos costes de producción.