Unidas por Extremadura ha denunciado este martes que la Junta está “gobernando a base de parches” y generando “agravios comparativos” entre los empleados públicos, lo que, según la portavoz parlamentaria Irene de Miguel, explica la huelga general anunciada en la Administración y el creciente malestar en múltiples sectores.

De Miguel ha advertido de que en Extremadura hay trabajadores públicos que “llegan al SMI por los pelos con jornada completa”, y ha señalado una brecha salarial del 20% respecto a comunidades vecinas, además de una temporalidad del 30%, muy por encima del 8% recomendado por la Unión Europea. “La Administración pública extremeña tiene más temporalidad que el sector privado. Es inasumible”, ha afirmado.

La diputada ha acusado al Gobierno de María Guardiola de presumir de los “presupuestos más grandes de la historia” mientras mantiene “a los empleados públicos peor pagados del país”. A su juicio, el Ejecutivo está “lleno de cinismo” y solo ofrece “propaganda y humo”.

Sanidad y Educación

Unidas por Extremadura ha celebrado que la consejera de Sanidad vaya a comparecer en el Parlamento, aunque sostiene que lo hace “obligada”. De Miguel ha enumerado los “escándalos semanales” del SES: urgencias colapsadas, dimisiones de coordinadores, cese de gerentes en tres áreas sanitarias, ambulancias circulando sin licencias y el “colapso absoluto” del servicio de oncología del Hospital de Mérida.

La formación ha denunciado la gestión del transporte escolar, resuelto “in extremis” y “con una opacidad que genera desconfianza en el sector”. Reclaman una investigación sobre la adjudicación “a dedo” de líneas por procedimiento de urgencia.

También han señalado el caso del colegio de Miajadas, aún en obras y sin ventanas, y han criticado que los centros educativos extremeños sigan sin climatización adecuada.

Crisis en Ceuta

Unidas por Extremadura presentará una propuesta de impulso para que la región acoja menores migrantes de la crisis humanitaria de Ceuta. De Miguel ha calificado de “bochornosa, insolidaria e ilegal” la posición de PP y Vox, recordando que Extremadura es una de las tres comunidades que se han negado al reparto.