Tras el robo de 144 monedas de oro, surge una duda inevitable: ¿qué ocurre con este tipo de piezas una vez sustraídas? ¿Es realmente fácil venderlas o introducirlas en el mercado? Los expertos lo tienen claro: en los circuitos legales, prácticamente no.

Cumplir la legalidad

Detrás de cada operación con oro existe un control exhaustivo. Todo comienza cuando un cliente acude a una joyería o a una tienda de compraventa. Allí, la pieza se somete a una tasación y a una comprobación de pureza, pero el proceso no se queda ahí. El vendedor debe identificarse con su DNI, firmar un contrato en el que se recogen todos sus datos personales, aportar una fotografía de las piezas y presentar una declaración jurada que garantice su procedencia lícita.

Además, ese contrato no se queda en el establecimiento. Tal y como explica el joyero Rafael Castellano, toda la documentación se remite a la Policía, y las piezas deben permanecer al menos 15 días en el local antes de poder ser fundidas. Un margen que permite detectar posibles irregularidades o denuncias por robo.

Más medidas de seguridad

A esto se suman las medidas contra el blanqueo de capitales. Cuando la operación supera los 1.000 euros, el pago no puede hacerse en efectivo: debe realizarse obligatoriamente mediante transferencia bancaria, lo que deja un rastro claro de la transacción.

En este contexto, hay también “líneas rojas” en el sector. Las joyerías y establecimientos especializados suelen rechazar piezas deterioradas, manipuladas o con inscripciones borradas, ya que pueden levantar sospechas sobre su origen.

Por todo ello, colocar en el mercado legal unas monedas como las robadas resulta, según los profesionales, “prácticamente imposible”. En la mayoría de los casos, el oro que sí entra en el circuito reglado acaba fundiéndose para convertirse en lingotes, que después se venden a mayoristas como inversión o se reutilizan en la fabricación de nuevas joyas.

Saltarse estos protocolos no es una opción sin consecuencias. Incumplir la normativa puede acarrear desde sanciones administrativas hasta delitos penales, como la receptación o el blanqueo de capitales. Mientras tanto, la investigación continúa y el cerco sobre las piezas robadas sigue estrechándose.