La justicia europea considera discriminatorio exigir 10 años de residencia a los “no nacionales” para acceder a ayudas sociales, según apunta una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este fallo, relativo a un caso italiano, señala que este criterio constituye una discriminación indirecta. Esto podría cuestionar los argumentos de la “prioridad nacional”, punto clave en los acuerdos de gobierno autonómico en Extremadura y Aragón entre PP y VOX.

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por un tribunal italiano, relativa a un refugiado a quien la administración le retiró una ayuda de inserción social bajo el argumento de que no cumplía con el requisito de 10 años de residencia en el país. Una medida que afecta principalmente a los extranjeros y que el TJUE considera ilegal. Rompe el principio de igualdad en el acceso a las ayudas sociales, que protege tanto a nacionales como a refugiados de países de fuera de la UE. La resolución concluye que exigir años de arraigo para acceder a ayudas sociales supone una discriminación indirecta contra los refugiados y es contraria al derecho de la Unión.

Sobre esto, hemos preguntado a los grupos parlamentarios en la región, ya que podría cuestionar el concepto de “prioridad nacional” acordado en los pactos de gobierno entre PP y VOX en Aragón y Extremadura.

El portavoz del PP en la región, José Ángel Sánchez Juliá, insiste en que lo pactado con VOX siempre estará sujeto a la ley, y que cualquier medida debe respetar el marco jurídico vigente.

La oposición muestra su satisfacción con esta sentencia. En el PSOE extremeño, Manuel González Andrade recuerda que su grupo creará un comité de expertos jurídicos para hacer seguimiento del pacto y subraya que el mismo es ilegal. Unidas por Extremadura insiste en que ese concepto de prioridad nacional es “racista”, en palabras de Irene de Miguel. De momento, el grupo parlamentario VOX no se ha pronunciado.