El Gobierno central transferirá a las comunidades autónomas 904 millones de euros para la financiación del nivel acordado de la dependencia, cifra que alcanzará los 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, respectivamente.

En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llevará este lunes la propuesta a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios como paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros.

Récord histórico en la financiación del sistema

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha indicado que se trata, por segundo año consecutivo, de la cantidad más alta en la historia de esta partida, que complementa la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia en cada región conforme al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.

Asimismo, Derechos Sociales ha destacado que este nivel acordado fue eliminado en el año 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros, iniciando una senda de crecimiento que alcanza ya los 970 millones actuales.

El pasado 23 de junio el Gobierno aprobó un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona con un grado de dependencia reconocido.

Objetivo: cubrir el 50% del gasto en 2027

El incremento del nivel acordado, junto a la ampliación del nivel mínimo aprobada por el Ejecutivo, supondrá que en 2027 el Estado abonará un total de 7.239,4 millones de euros a las comunidades y alcanzará el 50% de la financiación en dependencia.

Según ha defendido el Ministerio, los gobiernos autonómicos podrán disponer ahora de la mayor financiación de la historia para la reducción y agilización de listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, el aumento y mejora de servicios, la inversión en tecnología y la ampliación de la teleasistencia o de la atención a domicilio.

Reformas estructurales y nuevos modelos de atención

Derechos Sociales ha señalado que otro objetivo fundamental de esta ampliación es reforzar los recursos para los cambios estructurales que introduce la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en tramitación en el Congreso.

La norma traerá consigo nuevos modelos de convivencia colaborativa y cuidados en viviendas compartidas; productos de apoyo que mejoren la autonomía —como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz— que se facilitarán mediante préstamo o cesión temporal; servicios de teleasistencia personal para quienes tengan mayores necesidades; y la extensión del servicio de ayuda a domicilio, permitiendo que las personas usuarias puedan ser acompañadas en actividades cotidianas como ir al médico o hacer la compra.