El Congreso ha aprobado esta semana la reforma de la ley de dependencia y discapacidad, una norma que refuerza el sistema de cuidados al garantizar que el Gobierno financie, al menos, el 50 % de los gastos asociados a la atención de las personas dependientes.

Además, la reforma establece que la aportación de cada comunidad autónoma deberá ser, como mínimo, equivalente a la realizada por el Estado. Con esta medida, se busca asegurar una financiación más estable y equilibrada del sistema.

Más apoyos para la vida diaria

La nueva normativa también amplía el alcance del servicio de asistencia personal, que ya no se limitará únicamente al domicilio de los usuarios. De este modo, los beneficiarios podrán recibir apoyo en actividades cotidianas fuera de casa.

Entre las novedades, la asistencia podrá incluir el acompañamiento para realizar compras, acudir a citas médicas o llevar a cabo otras gestiones necesarias para favorecer la autonomía personal y la participación social de las personas dependientes.

Refuerzo del sistema de cuidados

La reforma pretende fortalecer el modelo de atención a la dependencia y la discapacidad mediante una mayor implicación financiera de las administraciones públicas y una ampliación de los servicios disponibles para los usuarios.

Con estos cambios, el Ejecutivo busca mejorar la calidad de la atención y adaptar los recursos a las necesidades reales de las personas dependientes, facilitando una asistencia más flexible y personalizada.