El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, una estrategia que considera “una de las decisiones más importantes y trascendentes” de la legislatura y que busca gestionar la migración “de forma ordenada, justa, inteligente y coherente”. El plan nace tras el proceso extraordinario de regularización iniciado hace dos meses, que ya suma más de un millón de solicitudes.

Una política migratoria “responsable” y basada en datos

Sánchez ha defendido que España ha optado por una política migratoria “legal, segura y ordenada”, frente a discursos que “alimentan el miedo y agitan la xenofobia”. Ha recordado que Extremadura, con apenas un 4% de población extranjera, es “la región más segura de España” y una de las que más sufre el invierno demográfico, para subrayar que los datos contradicen los mensajes que vinculan migración y delincuencia. “Sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075”, ha afirmado, citando cálculos oficiales.

El presidente ha destacado además que casi la mitad del crecimiento del PIB desde 2022 se explica por la llegada de personas migrantes, y que alrededor del 20% del crecimiento del PIB per cápita está vinculado a su contribución. El plan incluye la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana, que reunirá funciones hoy dispersas para ofrecer una gestión “más sencilla, coordinada y eficaz”. Mantendrá separados los procedimientos de protección internacional y residencia, preservando las competencias de seguridad y control fronterizo.

Cuatro ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030

El plan cuenta con una dotación inicial de 500 millones de euros el primer año y se articula en cuatro grandes ejes:

1. Orden y regularidad

• Regularización como base de la integración.
• Estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales y seguras.
• Reconocimiento de derechos y responsabilidades.

2. Trabajo y autonomía

• 35 millones para facilitar la incorporación laboral en sectores con alta demanda: construcción, servicios sociales y hostelería.
• Impulso al emprendimiento y oportunidades en el medio rural.
• 150 millones para una oferta extraordinaria de Formación Profesional con 100.000 plazas.

3. Integración como compromiso recíproco

• Programas para reforzar el aprendizaje de idiomas oficiales.
• Formación en normas constitucionales y valores democráticos.
• Lucha contra la discriminación y los discursos de odio.
• 30 millones para programas comunitarios de convivencia.

4. Ciudadanía efectiva

• 200 millones para reforzar servicios públicos y garantizar igualdad de oportunidades.
• Medidas contra la segregación escolar y para el éxito educativo.
• Refuerzo del acceso a la vivienda y al Sistema Nacional de Salud.