14 Octubre 2022, 21:29
Actualizado 14 Octubre 2022, 21:29

Vuelve la polémica en la pedanía pacense de Villafranco del Guadiana. La nueva Ley de Memoria Democrática entrará en vigor la próxima semana y establece que tendrán eliminar todo vestigio franquista en los municipios, incluido sus nombres. No es la primera vez que a esta pedanía se le pide cambiar de nombre. Hace seis años ya se negó y esta vez tampoco lo hará.

Su alcalde asegura que "más del 90% de los vecinos están en contra del cambio de nombre y en eso nos vamos a basar para no hacerlo", nos cuenta Daniel Sánchez, alcalde pedáneo de Villafranco del Guadiana. En el último referéndum realizado en este municipio de 1.500 habitantes, hubo mil votos a favor de mantener el nombre. "También tenemos una sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que nos dio la razón con la aplicación de la entonces Ley de Memoria Histórica", dice Sánchez. 

El municipio además ganó el caso contra la retirada de subvenciones de la Diputación de Badajoz que les tuvo que devolver cien mil euros por habérsela retirado al negarse a cambiar el nombre del pueblo. Con todos estos argumentos, Daniel Sánchez, del PP,  afirma en que la pedanía seguirá llamándose Villafranco del Guadiana. 

 ¿Y qué opinan los vecinos? hemos salido a la calle y la mayoría no quiere que se cambie el nombre. Muchos, por tradición. "Yo soy neutral, pero prefiero que se quede como toda la vida", nos contaba un vecino esta tarde. "Es que así se ha llamado el pueblo desde que éramos pequeños", nos decía otra. "No hay necesidad de darle más vueltas a las cosas, eso pasó y se acabó y hay otras necesidades más importantes que cambiar el nombre del pueblo", nos contaba otro vecino.

Aunque también hemos encontrado alguno a favor del cambio de nombre. "A mí me avergüenza que hoy en día se siga manteniendo ese nombre, que tiene una historia tan trágica para nosotros así que me parecería perfecto que lo cambiaran". 

En principio los ayuntamientos afectados por la nueva Ley de Memoria Democrática, casi una decena en toda España, tienen un plazo de tres meses para modificar su nombre. De no hacerlo, se enfrentan a una sanción de entre dos mil y diez mil euros. 

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