17 Febrero 2022, 18:24
Actualizado 17 Febrero 2022, 18:24

El caso de supuesta prevaricación de Alberto Casero durante su época como alcalde de Trujillo ha pasado al Tribunal Supremo, que es el competente para estudiar las causas que tienen que ver con los diputados nacionales y senadores; Casero es diputado del PP en el Congreso por la provincia de Cáceres y cuenta con la protección de aforado. 

Desde los Juzgados de Trujillo, que iniciaron las investigaciones, se ha enviado al Supremo el auto elevando la exposición razonada para continuar con el caso una vez practicadas las diligencias, en las que se tomó declaración a Casero en calidad de investigado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Para respetarse la defensa como aforado, es ya el Supremo el que debe seguir con la causa.

El año pasado el juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo recibió una denuncia sobre posibles contratos, durante los años 2018 y 2019, que supuestamente no cumplían la ley de contratación pública. 

Una de las empresas supuestamente perjudicadas fue Bon Vivant Records. Su dueño confirmó a Canal Extremadura que tuvo que denunciar a ayuntamiento de Trujillo para que les abonasen las cantidades acordadas por la celebración de las galas del Festival Pop Eye en la localidad en los años 2017 y 2018.

Concretamente, explicaba Juan Pedro González que estuvo más de tres años esperando a cobrar la deuda, ya que, cuando quiso cobrar ambas galas, ya con otra corporación diferente a la de Casero, no pudo. Y es que en el ayuntamiento no tenían conocimiento, ni el secretario ni el interventor, de la existencia de estos contratos e insiste en que Casero no lo había comunicado.

Finalmente, su empresa cobró ambas galas ya que hubo un juicio, tras su denuncia, que le dio la razón.