TRIBUNALES
La Audiencia Provincial de Badajoz concreta las inhabilitaciones del caso David Sánchez
La Audiencia de Badajoz aclara que la inhabilitación implica la privación definitiva de los puestos electivos o discrecionales que ostentaban los condenados cuando se produjeron los hechos
Ballesteros El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, en la Audiencia de Badajoz durante el juicio por la contratación de David Sánchez
La Audiencia Provincial de Badajoz ha aclarado que las penas de inhabilitación especial impuestas en el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz suponen la pérdida definitiva de los empleos o cargos que los condenados ocupaban en el momento en que se cometieron los hechos por los que han sido condenados.
La precisión figura en un auto aclaratorio emitido este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, y responde a las solicitudes de aclaración, subsanación y complemento presentadas tras la sentencia dictada el pasado 14 de julio.
Qué cargos afecta la condena
La sala ha especificado que las penas impuestas "comportan la privación definitiva de los empleos o cargos que ostentaban a las fechas de comisión de los hechos objeto de las respectivas condenas, de carácter electivo o discrecional".
Cabe recordar que la sentencia condenó al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que los otros diez acusados, entre ellos David Sánchez, fueron condenados a nueve años de inhabilitación.
Además, el tribunal ha detallado que la condena también implica la "incapacidad para obtener otros puestos electivos y/o discrecionales en cualquier administración pública" durante el tiempo de vigencia de las penas. En el caso de Gallardo, la restricción se extenderá durante 18 años y, para el resto de condenados, durante nueve.
Los funcionarios conservan esa condición
No obstante, la Audiencia ha aclarado igualmente que "la privación de empleo o cargo público no implicará la pérdida del carácter de funcionarios o empleados públicos que, previamente, ostentaran los condenados".
Reparto de las costas procesales
Respecto a las costas procesales, la sala ha precisado que Miguel Ángel Gallardo deberá asumir dos duodécimas partes de la mitad de las costas, incluidas las generadas por las acusaciones populares. Por su parte, cada uno de los otros diez condenados deberá hacerse cargo de una duodécima parte de esa misma mitad de las costas.
