Greenpeace y el Movimiento Ibérico Antinuclear han criticado la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2030 la actividad de la central nuclear de Almaraz. Ambas organizaciones sostienen que la medida responde a la presión de las grandes compañías eléctricas y advierten de que puede comprometer el desarrollo de la transición energética en España.

En este sentido, Greenpeace ha calificado la decisión de "cesión vergonzosa" al "oligopolio eléctrico", señalando a Iberdrola, Endesa y Naturgy. La directora ejecutiva de la organización, Eva Saldaña, ha considerado que se trata de un "error histórico" porque, a su juicio, no responde a criterios de seguridad técnica ni al interés de los consumidores, sino a los beneficios económicos de las empresas propietarias de la instalación.

Críticas al Gobierno

La organización ecologista también ha expresado su desacuerdo con la actuación del Ejecutivo. Saldaña ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incumplido los compromisos ambientales adquiridos y ha advertido de que la medida supone un retroceso en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, Greenpeace ha cuestionado el momento en el que se ha anunciado la decisión, en pleno mes de agosto, al considerar que dificulta el debate público. La entidad ha anunciado que estudiará todas las vías a su alcance para intentar revertir una medida que considera perjudicial para el interés general.

Temor por el impacto en las renovables

Por su parte, el Movimiento Ibérico Antinuclear ha asegurado que la prórroga de Almaraz supone un obstáculo para el despliegue de las energías renovables y para el avance de la descarbonización de la economía. Según la organización, retrasar el cierre de la central generará incertidumbre en el sector energético y podría favorecer futuras ampliaciones de la vida útil de otras instalaciones nucleares.

La plataforma también ha advertido de que la decisión podría afectar a la confianza de los inversores en proyectos de energías renovables y sistemas de almacenamiento energético. A su juicio, los cambios en la planificación energética podrían provocar una ralentización de las inversiones previstas en los próximos años.

Efectos sobre el calendario nuclear

Además, el movimiento antinuclear sostiene que la continuidad de Almaraz podría tener repercusiones sobre el calendario de cierre previsto para otras centrales nucleares españolas. En concreto, considera que la medida dificultará la gestión de los futuros procesos de clausura y desmantelamiento de otras instalaciones.

Según la organización, esta situación podría complicar el desarrollo de la transición energética diseñada para los próximos años y condicionar la evolución del sistema eléctrico español en la próxima década.