Una sentencia declara improcedentes los despidos a trabajadores del Hospital de Santa Justa de Villanueva de la Serena.

La sentencia del Tribunal de Instancia de la Sección Social de Badajoz condena al Ayuntamiento de Villanueva y al Servicio Extremeño de Salud (SES) y da la razón a los servicios jurídicos de CCOO que, a través de su Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha defendido los derechos legales de estos trabajadores.

Improcedencia de los despidos y cesión ilegal

El Tribunal, por un lado, declara improcedentes los despidos porque la indemnización no fue puesta a su disposición en el momento en el que se entregó la carta de despido y, por otro, aprecia una cesión ilegal de trabajadores, puesto que, aunque la plantilla figuraba formalmente contratada por el ayuntamiento, la dirección efectiva del trabajo correspondía al Servicio Extremeño de Salud, según señala CCOO en nota de prensa.

Apunta el sindicato que los trabajadores del Hospital Santa Justa fueron despedidos el 17 de enero de 2025, utilizando la figura del despido objetivo, por la decisión del SES de rescindir el convenio suscrito con el consistorio que hacía posible la prestación de servicios en este centro sanitario y que tuvo que ser cerrado por ese motivo.

En ese momento, CCOO reclamó “voluntad política para encontrar una fórmula para no prescindir de los trabajadores”, y entre las posibilidades estaba mantener el convenio hasta que se encontrase una alternativa de uso al hospital, algo que no se podía hacer de manera inmediata, pero que ya se ha anunciado con la adecuación para un centro de día, y que permitiese mantener el empleo, señala.

Plazos y decisiones tras la sentencia

Ahora, la sentencia concede a los trabajadores despedidos un plazo de tres días para elegir personalmente sobre cuál de las dos administraciones prefieren que recaiga las consecuencias del despido, y una vez realizada esa elección, la administración seleccionada dispone de cinco días para optar entre readmitir a los trabajadores o abonar la indemnización correspondiente, descontando las cantidades que ya hubieran percibido.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO valora esta decisión judicial y pone el foco en que el Tribunal aprecia que “se estaba produciendo una cesión ilegal de trabajadores, algo que puede ser trasladado a otras situaciones en la región”, apunta.

Según señala, la plantilla del hospital trabajaba realmente para el SES, aunque formalmente estuviera contratada por el ayuntamiento, ya que era el Servicio Extremeño de Salud el que llevaba a cabo la dirección efectiva del trabajo, pues era quien organizaba cuadrantes, programaba citas, suministraba materiales y autorizaba permisos o vacaciones.

El Ayuntamiento “lo único que hacía era abonar las nóminas con cargo a subvenciones y, finalmente, efectuar los despidos, algo que hizo de manera inadecuada según indica la sentencia”, señala CCOO.

Responsabilidad solidaria de ambas administraciones

Como consecuencia de esa cesión ilegal, el tribunal declara la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento y del Servicio Extremeño de Salud, lo cual “significa que ambas administraciones quedan obligadas frente a los trabajadores por las consecuencias del despido, sin que puedan eludir su responsabilidad alegando que correspondía exclusivamente a la otra entidad”, señala.