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PÁRKINSON
Casi tres décadas lleva conviviendo la cacereña Antonia Casquero con la enfermedad de Parkinson. Esta patología afecta cada vez a personas más jóvenes y casos como el suyo ponen de relieve la importancia de invertir más recursos en investigación para encontrar una cura efectiva a esta enfermedad neurodegenerativa.
A menos de un mes para las elecciones, el Gobierno ha aprobado hoy un decreto cargado de medidas sobre varios ámbitos. Entre ellos, la creación de tres nuevos permisos laborales que buscan facilitar la conciliación de las familias.
Unos permisos que contemplaba la Ley de Familias, que finalmente no ha podido ser aprobada por el adelanto electoral, pero se han incluido en un macrodecreto junto a otras medidas.
Se trata de dos permisos retribuidos. Uno de hasta cinco días al año para asistir a la persona con la que se convive o un familiar de hasta segundo grado en caso de accidente o enfermedad grave.
Y otro de hasta cuatro días al año, que se puede disfrutar por horas, por motivos familiares urgentes, como acompañar a los padres al médico o acudir al colegio para recoger a los hijos en caso de necesidad.
Y un permiso no retribuido de hasta ocho semanas al año hasta que el menor cumpla 8 años. Dice la ministra de Derechos Sociales que se ha pensado especialmente para facilitar la conciliación durante las vacaciones escolares y los periodos de adaptación al colegio.
La conciliación es uno de los principales quebraderos de cabeza en muchas familias, sobre todo si hay hijos pequeños o se cuida de familiares mayores. Ante la duda de si afectará negativamente a las empresas, hay expertos que consideran que son medidas asumibles.
"Siempre que se actúe con esa buena fe, se regulen les preavisos y no se intente trampear y se pulan los pequeños detalles que son los que generan discordia o tensiones en la relación empresa-trabajadores, creo que van a ser bastante asumibles", señala el profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Extremadura Javier Hierro.
Aunque pueden tener una parte negativa. Pone el foco en las retribuciones, a la espera de la letra pequeña, porque podrían suponer un problema para algunas empresas. "Es un cargo o un coste directo sobre la empresa. Si el objetivo es una política familiar, debe ser una política de Estado. No quiero decir que no sean retribuidos, sí, que sean retribuidos, pero a lo mejor debe articularse la herramienta necesaria para que no se perjudique directamente a la empresa", aclara Hierro.
Otra de las medidas aprobadas en el Real Decreto Ley es la extensión de 15 días de permiso por matrimonio a las parejas de hecho. Está previsto que este miércoles se publique en el BOE y entren en vigor.
La propuesta de ley del PSOE sobre las zonas ZEPAS ha vuelto a desencadenar reacciones con la isla de Valdecañas de fondo. El texto presentado señala que hay 55 lugares que funcionan como zonas de protección de aves en la región, pero que formalmente nunca habían sido declaradas como tal. También busca, de paso, legalizar lo construido en esas zonas ZEPA siempre que no haya perjuicio medioambiental. Y ponen como ejemplo la Isla de Valdecañas. El presidente de la Junta ha dicho que buscan la "seguridad jurídica de Valdecañas y de todo lo demás. De todo lo que se va a poder hacer en sitios que tengan la condición de zona ZEPA, luego, aparte, lleva aparejado la legalización de un proyecto". Fernández Vara ha añadido que tienen "la obligación de intentar llevarlo a cabo".
El Partido Popular espera que la ley esté bien redactada porque el fondo del asunto, que no haya derribo, lo comparten. "Lo que tenemos que ver es que jurídicamente esté correcto todo porque no estamos para chapuzas legislativas", ha señalado la líder de la formación, María Guardiola.
El abogado de los propietarios, Luis Díaz-Ambrona cree que el texto ofrece garantías. "Está absolutamente fundamentada, muy bien redactada y realmente sigue el camino que marcó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura", que se inclinó sólo por un derribo parcial, dejando lo construido. Una vez aprobada la ley, cree Ambrona, se impondría a las sentencias del derribo total.
En cambio Ecologistas en Acción asegura que Extremadura no puede legislar sobre zonas ZEPAS. Ya lo intentaron antes, dicen, y el Constitucional lo impidió. "El TC en noviembre de 2019 ya decretó su inconstitucionalidad porque la Comunidad Autónoma. de Extremadura no tenía competencias para modificar la ley del suelo en ese sentido", ha sentenciado el coordinador de la organización, Ángel García Calle. Estudian, además, querellarse por prevaricación contra los diputados que voten a favor de la ley en la Asamblea.
A las puertas de la operación salida por Navidad, que comienza el viernes, la carretera nacional que conecta las dos capitales de provincias extremeñas sigue cortada. El socavón provocado por las intensas lluvias de la semana pasada entre los municipios de Puebla de Obando y La Roca de la Sierra ha tenido parte de protagonismo en el pleno del Senado de este miércoles. "¿Usted sabe, señora ministra, que el otro día había un ciudadano de Puebla de Obando al que le dio un infarto y no ha podido ir ni a su centro de salud, ni al hospital de referencia de Badajoz y se ha tenido que ir a Cáceres? ¿Cuándo van a arreglar la carretera?", le ha preguntado el senador del Partido Popular, y exalcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso a la ministra de Transportes. Raquel Sánchez ha respondido que ya están "preparando la documentación necesaria para poder encargar las obras de emergencia para poder llegar a la restitución de los daños".
La Delegación del Gobierno en Extremadura ha presentado las dos soluciones que hay ahora mismo sobre la mesa. La primera, que llevará más tiempo, construir un puente en el lugar que se produjo un derrumbe. Antes había "un paso de tuberías", señalan desde el municipio de Puebla de Obando. "Se trata de hacer un puente sobre esa carretera y ese proyecto requiere un tiempo mínimo de elaboración del proyecto y la realización de los trámites administrativos necesarios", ha confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, que añada que "la dotación presupuestaria está garantizada" para las obras. Espera, ha dicho, que se realice lo antes posible.
Ahora los vecinos afectados tienen que dar un rodeo, por la carretera de Villar del Rey, que implica hacer entre 30 y 40 kilómetros de más. Para evitarlo, la solución a corto plazo que en la que trabaja el Gobierno central es adecuar un tramo de la antigua nacional, anterior a la N-523, situada cerca de la zona afectada. "Es una vía de comunicación que es más amplia y seguramente más segura que la actual vía que se está utilizando, que es una carretera provincial, y desde luego es un trayecto más corto", ha señalado Mendoza.
Unas propuestas que ven con buenos ojos desde Puebla de Obando. Su alcalde, Juan Manuel Iglesias, cree que la alternativa del desvío es viable y, aunque no hay fechas concretas, confía en que esté operativo en los próximos días.
Más horas de trabajo no se traducen necesariamente en una mayor productividad, según datos de la OCDE. Es el argumento del gobierno central para poner en marcha el proyecto piloto de reducción de la jornada laboral en, al menos, 4 horas semanales. La principal condición: que mantengan el sueldo íntegro. La patronal cree que no es el momento oportuno. "Más que hablar de reducción de jornada o de amoldarla, es momento de hablar de sostenibilidad, de mantener el tejido productivo, de recuperar las rentabilidades que teníamos antes de la pandemia a las que todavía no ha llegado el mundo empresarial", señala el secretario general de la CREEX, Francisco Javier Peinado. En cambio, los sindicatos sí creen que se pueda implantar en estos momentos. Desde Comisiones Obreras, Alberto Franco cree que "las cuentas de resultados les está dando números positivos, por tanto dinero hay. Nosotros le pedimos a los empresarios de esta región corresponsabilidad. Ahora en este momento es necesario este tipo de medidas", sentencia.
Por ahora, el proyecto piloto solo lo integrarán empresas del sector industrial. Las ayudas podrían llegar hasta los 200 mil euros, aunque sólo 150 mil se podrán usar para compensar las nóminas de los trabajadores. Tras dos años se medirá la repercusión de la medida. Fuera del industrial, patronal y sindicatos coinciden en que hay sectores en los que sería más difícil implantar la reducción de horarios. "En todo el sector servicios es inviable. Si ya es complicado que los festivos hay que cubrirlos. Pensemos en el sector sanitario, de la dependencia, en los servicios públicos: recogida de basuras, policías y bomberos. Y también en el comercio. Los clientes cada vez demandamos más horas de apertura y más días al año", afirma Peinado. Para Alberto Franco, que también reconoce que hay sectores en los que sería más complicado instaurar medidas de este tipo, no se deberían quedar sólo en el sector industrial, sino ir más allá. "Una persona que trabaja en hostelería o en una gestoría o una panadería. Tienen que tener las mismas posibilidades unos trabajadores que otros".
Desde la Creex aseguran que no se oponen a una medida así, siempre que se mantenga la productividad. De ser así, dicen, no haría falta ni la ayuda del gobierno.
Unidas por Extremadura ha propuesto un bono energético de 500 euros para autónomos y empresarios y otro de 300 para las familias. También un abono de transporte regional y comedores sociales universales y gratuitos. Buscan, dicen, aliviar la economía de los extremeños. "Nuestras propuestas son perfectamente asumibles", ha afirmado la portavoz de la formación morada. Es el último grupo parlamentario que se ha sentado en la mesa de negociación.
Ahora, la Junta, que se había propuesto buscar el consenso, tiene propuestas antagónicas a las que atender. La bajada de impuestos que propusieron tanto el Partido Popular como Ciudadanos, con la mayor inversión social que pide Unidas por Extremadura que, además, rechaza esa rebaja fiscal. "Creo que será difícil llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, cuando las derechas sólo plantean bajadas de impuestos. Eso quiere decir adelgazamiento del gasto público y poner en peligro los servicios públicos. Esa no es nuestra opción", ha advertido de Miguel.
También se han sentado con la vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda los sindicatos. Es la primera vez que lo hacen para tratar de consensuar las cuentas regionales de forma oficial. Tanto UGT como Comisiones Obreras hablan de presupuestos expansivos. Crecería un 10% hasta los 7.700 millones de euros aproximadamente. Aseguran que les han presentado los números a nivel global, sin cuantificar por partidas, aunque estiman que crecerá el gasto social.
Quieren que los presupuestos sean un "paraguas social" para las familias extremeñas. Buscan que se garanticen los servicios públicos y ayudar a las familias a soportar la inflación. "Políticas públicas, y para eso hace falta recaudar. Y en ese sentido, no vamos a estar nunca por una bajada de impuestos porque entendemos que si no hay recursos, no se garantiza el estado del bienestar", ha respondido a la salida de la reunión la secretaria general de CC.OO. en Extremadura, Encarna Chacón. En la misma línea se ha pronunciado la líder de UGT en la región, Patrocinio Sánchez. Cree que "los impuestos no se pueden bajar porque hay que mantener los servicios públicos". Ambos sindicatos han hecho especial hincapié en dotar de suficientes recursos económicos a la Atención Primaria.
El próximo martes llegarán las propuestas de los empresarios de la CREEX. A la espera de ver qué postura tomará en relación a la fiscalidad, la Junta ya tiene sobre la mesa medidas difíciles de conjugar a la vez. También está prevista una segunda ronda de contactos para profundizar en las medidas presentadas por cada organización.
Los vecinos de Amoharín no dejan de hablar del cura del pueblo. Desde que se conoció que había sido condenado por haber distribuido pornografía infantil en 2004, muchos vecinos no están conformes con que ejerza en el municipio. Algunos padres y madres de niños y niñas que tienen que hacer la comunión el próximo año, y en los siguientes, se han unido para pedir la inhabilitación del sacerdote.
No quieren que el párroco tenga ningún contacto con sus hijos en ni en la catequesis ni en ninguna otra actividad. La catequesis la imparten, generalmente, seglares, pero estos padres aseguran que el párroco suele estar presente en el lugar.
A partir de este jueves van a empezar a recoger firmas para recabar apoyos. Han preparado un escrito en el que piden la inhabilitación del párroco. No quieren que ejerza en el municipio ni en ningún otro. "Eso sería trasladar el problema a otro sitio", aseguran estos padres y madres, "y no es lo que queremos". Creen que dentro de la institución de la Iglesia hay otras funciones que podría realizar "sin que tenga que estar en contacto con el público". "En alguna oficina del obispado, por ejemplo", argumentan. Cuando tengan suficientes firmas, afirman sin precisar cuántas, enviarán ese escrito al obispado.
La alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina, ha pedido tranquilidad a los ciudadanos, "hasta que se reúna con el obispo" para que le informe de la situación. El párroco también ejerce en el municipio cercano de Valdemorales, donde se vive una situación similar.
La diócesis de Coria - Cáceres considera que el párroco es "apto para ejercer el ministerio sacerdotal, después de un proceso de rehabilitación y acompañamiento de la diócesis, y tal y como ha demostrado en su paulatina reinserción de los últimos años."
Responde así la institución eclesiástica a la polémica generada tras nombrar párroco de dos localidades cacereñas a un sacerdote juzgado y condenado por cometer "un delito consistente en intercambio de material fotográfico de contenido sexual de menores por internet."
En el comunicado, la diócesis afirma que "dado el carácter informático del delito, no hubo contacto ni comunicación con los menores" y que "dispone de certificado negativo de delitos sexuales, emitido por el Ministerio de Justicia."
Reconoce, además, que esta situación puede "causar inquietud y perplejidad en la comunidad cristiana" por lo que se han tomado como que "las responsables de la labor catequética son seglares."
"Lamentamos profundamente las acciones que llevó a cabo el sacerdote. Y queremos manifestar nuestro firme compromiso en la lucha contra el abuso de menores y con la reparación a las víctimas de esta lacra en la sociedad y en la Iglesia", finaliza el comunicado.
La sequía está dejando un año muy complicado económicamente para agricultores y ganaderos, especialmente en Extremadura. Este lunes se ha reunido un grupo de trabajo de la Mesa de la Sequía del ministerio de Agricultura para analizar la situación. Fue creado hace seis meses, pero hasta ahora no había celebrado su primer encuentro.
La reunión no ha contentado a las organizaciones agrarias, que piden más eficacia. Al estar formado por técnicos, no se han tomado medidas concretas. "Es una reunión totalmente innecesaria, ya que hacer una reunión solamente para hacer un análisis o un diagnóstico de la situación yo creo que sobra. La situación es mala no, malísima", lamenta el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri.
"Las medidas no han llegado al agricultor y al ganadero"
Por eso las organizaciones agrarias piden encuentros al más alto nivel político que se conviertan en medidas efectivas y que vayan más allá de la rebaja fiscal que aprobó el gobierno hace cinco meses. "Si de verdad hay voluntad política, hay que empezar a poner medidas reales encima de la mesa. Hasta ahora las medidas que se han puesto no han llegado al agricultor y al ganadero", se queja Metidieri.
UPA-UCE Extremadura ha pedido más implicación del gobierno central para que "se establezcan medidas complementarias a las que está estableciendo la Junta de Extremadura en este momento por este motivo porque la sequía se ha convertido en el principal problema para los agricultores y ganaderos de Extremadura", ha señalado su secretario general, Ignacio Huertas.
Esta semana, la Junta ha aprobado dos decretos con ayudas por valor de 19 millones de euros. Van dirigidos especialmente a los sectores del arroz y el maíz, ya que el pasado abril los regantes del Canal de Orellana habían decidido que no plantarían estos cultivos por la acuciante falta de agua.
Las organizaciones agrarias piden que esas ayudas se extiendan a otros sectores también afectados como el secano, el ganadero y el olivar. Además urgen a empezar a planificar la próxima campaña de riego ya que también temen restricciones por las malas previsiones de lluvias. "Tenemos que empezar a planificar porque o tenemos un nivel pluviométrico excepcional en los próximos meses, o vamos a tener también restricciones de cara a la siguiente campaña", ha zanjado Huertas. Por eso piden una mesa de la sequía no ya sólo nacional, sino europea.
A ocho meses de las elecciones locales, los alcaldes de las grandes ciudades empiezan a despejar su futuro. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, fue quien lo anunció con más antelación, el 2 de junio. El mismo día que renunció a presidir el PP regional. "Esta ciudad me ha dado mis grandes alegrías, y por esa razón yo volveré a ser candidato en esta ciudad", aseguró. El placentino buscará su cuarta mayoría absoluta.
El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado este viernes que buscará su segundo mandato. Lo hará sin primarias y con el apoyo de la secretaría general del partido. "Me manifestaron que su deseo era que fuera candidato, y que desde luego contaría con el respaldo del PSOE de Extremadura para serlo, y que además no era necesario pasar por primarias y que entendía que todo el mundo lo respetaría así", explicaba satisfecho el actual primer edil.
Y aquí acaban las certezas. La capital extremeña y la pacense todavía no han escuchado pronunciarse a sus alcaldes. El de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha empezado el curso político esta semana hablando de las elecciones ante militantes de su partido, pero sin desvelar si se presentará para conseguir su tercer mandato. Algo que no pasó desapercibido. Tampoco para el líder de su partido. Fernández Vara subió al atril tras el primer edil emeritense y le dedicó sus primeras palabras: "Antonio, ¿no se te ha olvidado decir algo?", le espetó el Secretario General del PSOE.
Pero a Osuna no se le habían olvidado, sino que no quiso pronunciarlas. Antes de tomar la decisión, pide a la Junta que apoye proyectos estratégicos de inversión para la ciudad, como un sexto puente, una gran circunvalación que una las salidas de Sevilla y Madrid o una nueva piscina climatizada. "Quiero reivindicar para Mérida lo que necesita, y yo tampoco estoy por estar... Es decir, ya ha sido un honor enorme estar ocho años como alcalde de esta ciudad, y lo que tenga que ser tiene que ser con el compromiso de que la ciudad va a crecer mucho en poco tiempo y es una necesidad", ha señalado Rodríguez Osuna. La margarita se deshojará en un plazo máximo de dos semanas.
En Badajoz la duda es doble. El primer alcalde de la legislatura, del PP, Francisco Javier Fragoso, que no repetirá, veía como opción preferente a Antonio Cavacasillas. Actual concejal que también ha recibido buenas palabras de la nueva presidenta regional del partido, María Guardiola. Aún así, el nombre finalmente elegido lo decidirá el Partido Popular extremeño antes del otoño.
El actual alcalde pacense, Ignacio Gragera de Ciudadanos, todavía no se ha pronunciado. El partido, inmerso en una refundación a nivel nacional, no lo decidirá antes de que acabe el proceso.
La prestigiosa revista Forbes ha publicado la lista de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios. En ella encontramos a Beatriz Pablos, al frente de una ganadería regenerativa en Trujillo. La rotativa americana destaca que es la primera mujer en más de un siglo de historia familiar que se pone al frente del negocio. "Trabaja un sistema en favor de la naturaleza que la imita. Optimizan la relación entre el herbívoro, el pastizal y el suelo para aumentar la producción, vinculando así la rentabilidad económica al desarrollo biológico". Actualmente buscan convertir en bonos el dióxido de carbono que se acumula en la tierra de sus campos.
El artesano y restaurador Javier Sánchez Medina es un extremeño afincado en Madrid que se ha especializado en la elaboración de cabezas de animales con materiales naturales como bambú, mimbre, ratán y fibra. La revista destaca que "su trabajo, autodidacta y hecho a mano" ha conseguido "recuperar un oficio casi perdido que él ha posicionado como arte auténtico. Y señala que sus obras están presentes en los hogares de actores y coleccionistas.
El chef jarandillano Quique Dacosta, con tres estrellas Michelín a sus espaldas, también ha sido reconocido por su innovación por la revista estadounidense. Destacan su capacidad creativa "ilimitada para reinventarse, menú a menú, cada temporada". El cocinero suele presumir, cuando tiene ocasión, de utilizar multitud de productos extremeños.
En el año 2000 se anunció que el AVE pasaría por Extremadura. Han pasado 22 años, cuatro presidentes del Gobierno, tres presidentes de la Junta y 12 ministros de Fomento, y aunque ya hay gran parte de la plataforma para la alta velocidad construida y se avanza en el proceso de electrificación de las vías, el AVE aún no ha llegado a nuestra región.
Estrenábamos el milenio cuando el ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos le confirmó al presidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra que el AVE pasaría por Extremadura. La duda era si, entre Madrid y Lisboa pasaría por Cáceres o por Badajoz. Dos años más tarde, en 2002, el presidente del Gobierno José María Aznar despejo la incógnita. "Habrá un tren de alta velocidad Madrid-Cáceres-Badajoz, lo habrá".
En 2004 llegó un cambio de Gobierno en España. Eso no alteró los planes ni la fecha de finalización. Además, se aseguró otra parada en el recorrido: Mérida. A falta de seis años para cumplir, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que las obras "empezarían por Extremadura" y se acabarían "en el año 2010".
Pasaba el tiempo y las obras no empezaron hasta el último tercio de 2007, y se inauguraron oficialmente en 2008. Parecía poco probable acabar en dos años, pero la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez lo ratificó. Estaría terminado en las "fechas comprometidas". Pero llegó el año 2010, y un nuevo ministro de Fomento, José Blanco, que por supuesto no pudo visitar la región en AVE. Quedaba todavía mucho por hacer. "Esta obra ya es imparable", dijo en uno de los tramos en construcción. Tan imparables que 14 años después siguen ejecutándose aún.
Con el cambio de Gobierno en la región, el AVE dejó de ser una prioridad y se apostó por un "tren rápido" que, supuestamente, llegaría antes. Y en 2013, la ministra de Fomento Ana Pastor afirmó que "en 2015" habría "tramos de alta velocidad puestos en marcha". Pero en ese año quien llegó fue el siguiente ministro del ramo, José Manuel Soria, para retrasar la fecha. Y su sucesor, Íñigo de la Serna la volvió a posponer. Aseguró que "un año más tarde de la finalización de las obras a comienzos de 2019", podría "estar terminada la electrificación" de las vías.
Entre promesa y promesa, las obras avanzaban a la velocidad de nuestro tren: despacio. Y, poco a poco, se dejó de hablar de la conexión entre Madrid y Lisboa para referirse únicamente al trayecto extremeño. El ministro Ábalos, en 2020, afirmó que "para finales del próximo año ya tendremos el -tren- Plasencia-Badajoz". Pero tampoco fue a finales de 2021. En esta fecha, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez apuntó a este verano. "El AVE de Plasencia a Badajoz, en verano de 2022", aseguró. Pero el AVE no ha llegado todavía.
La electrificación no estará terminada, en principio, hasta 2023. En este verano, el nuevo tren circulará sin electrificar todavía entre Badajoz y Plasencia. Sin noticias concretas de la llegada a Lisboa, y para la conexión con Madrid, con un tren por vía electrificada, los expertos calculan que tendremos que esperar, como poco, a 2030. Así que, como mínimo, serán dos décadas de retraso.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se ha vuelto a pronunciar, este mismo martes, sobre los terrenos de la planta fotovoltaica de Usagre. Iberdrola había pedido una aclaración de la sentencia y que se rectificara la parte en la que se habla del desmantelamiento de la planta para devolver los terrenos a su dueño. El Alto Tribunal extremeño lo ha rechazado y mantiene la sentencia en los mismos términos que la dictada a principios de junio.
"No se concede más de lo pedido"
La compañía eléctrica considera que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se había excedido en la sentencia al hablar de la "restitución in natura" de los terrenos. Algo que implica desmantelar gran parte de la planta, unas 500 hectáreas. Aseguran que el dueño de las fincas no había pedido tal extremo. Por eso había solicitado una aclaración y revisión de esa parte de la sentencia. Pero el Alto Tribunal extremeño le quita la razón asegurando que el demandante pretendía la "restitución de la propiedad y posesión de las fincas expropiadas" por lo que "no se concede más de lo pedido", según se recoge en el auto.
También pedía Iberdrola una aclaración porque cree que la sentencia es contradictoria cuando ordena devolver los terrenos a la vez que dice que hay un contrato de arrendamiento en vigor que le permitía usarlos. El TSJ tampoco lo considera así. Asegura que no entra a valorar si el contrato sigue vigente actualmente, sólo que sí lo estaba cuando se solicitó la Declaración de Utilidad Pública de esas fincas para iniciar la expropiación de los terrenos. Textualmente asegura que "no nos corresponde a nosotros decidir si a fecha actual, ni tampoco a la fecha del dictado de la sentencia, ese contrato de arrendamiento estaba vigente. Nos limitamos a analizar, como cuestión prejudicial imprescindible para decidir sobre el expediente expropiatorio, la consideración de que era título hábil en la fechas de solicitud y declaración de la DUP. Y a nuestro juicio lo era". Motivo por el que se ordena su devolución en la sentencia original.
De este modo la justicia extremeña mantiene su postura sobre el desmantelamiento de gran parte de la, hasta ahora, mayor planta fotovoltaica de Europa situada en Usagre, a la espera del recurso ante el Tribunal Supremo. Con una potencia de 500 megawatios, la planta fotovoltaica Núñez de Balboa es la mayor de Europa en funcionamiento.
Tras este auto, Iberdrola pone el foco en que no se trata de que se haya vuelto a valorar el fondo del asunto, sino que el TSJEx ha considerado que no era necesario aclarar nada de la sentencia como la eléctrica había solicitado. Fuentes de la compañía consideran que, en caso del que el Supremo apoye la sentencia del Alto Tribunal extremeño, no habría que desmantelar la planta .Confían en que, anulada la expropiación, se volvería al punto anterior: el contrato de arrendamiento con el propietario de los terrenos por lo que podrían seguir operando. Además, aseguran que lo que subyace es un conflicto puramente económico. Un intento de conseguir más rentabilidad por esos terrenos.
Domingo electoral en Andalucía. Los colegios se abrieron a las nueve de la mañana y durante toda la mañana han votado los principales candidatos a presidir la Junta. El socialista Juan Espadas en sevilla, el actual presidente, el popular Juanma Moreno, en Málaga y el representante de ciudadanos en Sanlucar. La candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, ha depositado su papeleta en Algeciras, Macarena Olona ha sido la más madrugadora desde Salobreña y Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, ha votado en su ciudad, en Cádiz.
Junto a ellos, están llamadas a votar más de seis millones y medio de personas. Y de momento, lo están haciendo con más intensidad que en otras ocasiones. Según los datos de participación de las dos de la tarde, ya han votado más de un tercio de los andaluces: un 34,14% que supone más de cuatro puntos más que en las anteriores elecciones de 2018.
Queda por ver ahora si ha sido un voto adelantado para aprovechar el resto del domingo en la playa o en otras actividades de ocio o esa subida se consolidará al cierre de las urnas, a las ocho de la tarde.
En juego, muchas claves políticas diferentes: si el popular Juanma Moreno repite como presidente o hay alternativa de izquierdas, si Moreno podrá gobernar en solitario o tendrá que hacerlo en coalición con VOX o si Ciudadanos mantiene representación parlamentaria o desaparece del mapa político andaluz a pesar de tener en la actualidad 21 diputados y gobernar Andalucía.
El futuro de la planta fotovoltaica Nuñez de Balboa, en Usagre, está en el aire. Es la mayor de Europa en funcionamiento con una potencia instalada de 500 megawatios, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hace que se cuestione su continuidad.
La Justicia obliga a Iberdrola, propietaria de la planta, a devolver a un vecino de Usagre, Santos Lázaro Arias, más de 500 hectáreas que le fueron expropiadas para su construcción. Antes de la expropiación ya había un contrato de arrendamiento, por 25 años, que permitía a la empresa promotora actuar en esos terrenos. "Debemos reconocer el derecho a la devolución in natura, esto es, al reintegro de las fincas libres de la planta fotovoltaica con todas sus instalaciones, que es lo pretendido por la actora". Y es que el Alto Tribunal extremeño considera que no está justificada la expropiación en este caso. "Así las cosas, carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años. Es decir, la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad", recoge el texto legal, que llega a afirmar que la actuación de la promotora "es sorprendente. El despropósito no tiene nombre".
La sentencia relata que mientras buscaba la expropiación de las tierras, Iberdrola mantenía sus compromisos con el contrato de arrendamiento. "Pero no queda ahí el actuar de la promotora. Al mismo tiempo (el mismo día) que remite el burofax anterior, poniendo en conocimiento que ha comenzado la fecha de inicio del contrato de arrendamiento y que va a comenzar la construcción de la Planta, presenta solicitud en el registro general de la Delegación del Gobierno en Extremadura solicitando “se proceda a convocar las actas previas a la Ocupación que determina el artículo 52 de la LExF”, respecto de las fincas que relaciona, entre ellas las de la hoy actora, con el argumento de que no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre el justiprecio".
La abogada del demandante, Dorinda Aventín, ha celebrado la sentencia del alto tribunal extremeño. El auto, afirma la abogada, "reconoce la violación del derecho de propiedad" de su cliente. Aventín asegura que Iberdrola se ha valido de los poderes del Estado para conseguir una expropiación ilegal de los terrenos de su cliente. El auto, añade la abogada, también sanciona la actuación de las administraciones que hicieron posible esta expropiación y "a los funcionarios que la hicieron posible".
La sentencia critica además, y especialmente, la actuación de la Abogacía del Estado. "La Sala, en consecuencia, comparte los argumentos que al respecto hace la actora en su escrito de conclusiones contestando al desesperado intento de la Abogacía del Estado de evitar una nulidad del todo el proceso expropiatorio, que es palmaria por ausencia de justificación para haber acudido a la expropiación de las fincas".
La defensa también denuncia que, en la actualidad, la planta opera de manera "alegal". Así lo refleja, asegura, un decreto de alcaldía de Usagre, firmado el pasado verano -concretamente el 9 de agosto de 2021- en el que aseguraba el consistorio que Iberdrola tenía que cesar su actividad porque no tenía licencia.
Desde la compañía eléctrica han asegurado a Extremadura Noticias que la planta tiene sus documentos en regla y que seguirán operando, puesto que la sentencia no es firme. Y dan por hecho que recurrirán esta sentencia al Tribunal Supremo.
A pesar de los intentos de Canal Extremadura, desde el consistorio de Usagre no han realizado declaraciones.
El problema del posible deterioro del Teatro Romano de Mérida no viene por el número de conciertos o actuaciones que se celebren en él, sino del volumen que alcance la música en ellos. Es el principal resultado del estudio encargado por el Ministerio, la Junta, la Diputación de Badajoz, el ayuntamiento de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental. Lo encargaron a principios de año para conocer si el uso que se le estaba dando al monumento le podría estar perjudicando. Una de las principales conclusiones, conocidas en la tarde de este lunes, es que siempre que no se pase de 100 decibelios el monumento no sufre ningún tipo de daño.
Además del volumen, el texto especifica otras características técnicas que se deben tener en cuenta. "La presión sonora a 100 dB sin ponderar, utilizando un arreglo cardioide y desolidarizando los elementos vibrátiles mediante silentbloks de apoyo de al menos 30 milímetros de espesor, no produce vibraciones significativas en el frente escénico del Teatro Romano de Mérida". Unos límites que se han incluido en el reglamento de usos del Teatro y que a lo largo de la semana se publicará en el DOE. Será la configuración técnica que se va a exigir a partir de ahora para que "tengamos todos la tranquilidad absoluta de que al monumento no le pasa absolutamente nada", asegura el director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma.
El límite de 100 decibelios no se suele superar en las actuaciones y conciertos que se celebran en el Teatro Romano. En la En la pasada edición del Stone and Music sólo se pasó de esa cifra durante unos segundos en uno de los conciertos, el de Robe Iniesta. A partir de ahora se va a ser más exigente con las características técnicas que se deben cumplir. "Obligar por ley, en el caso de esta normativa, cuál es esa configuración que debe de tener esa música, independientemente de que el cantante sea uno o el cantante sea otro, las exigencias y los requisitos que deben de presentar para que el Consorcio autorice esos conciertos", asegura Palma.
También se limitará el peso de las estructuras que se pueden montar. La capacidad de carga para la instalación del puente de contra y focos no podrá superar los 1.200 kilogramos. Además, la nueva normativa va a prohibir las barras y el consumo de alcohol durante los conciertos. Unas barras que sí seguirán activas durante el Festival de Teatro Clásico.
No se deja de hablar de un robo en algún bar de Badajoz, cuando ya se ha producido otro. Crece la preocupación en la hostelería de la capital pacense tras la acumulación de estos sucesos en las últimas jornadas.
La forma de actuar ha sido la misma que la empleada en los últimos 20 días en los locales de hostelería. Han empleado la tapa de una alcantarilla para romper el escaparate por el que entrar en el local. Una rejilla similar se usó, por ejemplo, junto a la cafetería 'Forn' que también sufrió un robo. La última víctima ha sido el bar 'El laurel'. Tan sólo se llevaron la caja registradora, que en esos momentos contenía tan sólo 30 euros. Una vecina, testigo de los hechos, asegura que escuchó un ruido "como una explosión" que le despertó. Al salir al balcón pudo ver a "un hombre huyendo con la caja registradora".
El ayuntamiento de Alburquerque lleva al menos una década sin ser un consistorio tranquilo. En 2012, su alcalde Ángel Vadillo, que llevaba gobernando desde 1995, fue expulsado del PSOE tras ser condenado por obstrucción a la justicia y amenazas.
La condena quedó en suspenso porque pidió el indulto. Así que en 2015 volvió a ganar las elecciones, esta vez con un partido independiente, al igual que hizo en 1995 y 1999, antes de ingresar en el partido socialista. En 2019 el Gobierno le concedió el indulto solicitado. Le libraba de entrar en prisión, pero le mantenía su inhabilitación política. Así que en las elecciones de ese año, la hasta ahora alcaldesa lideró la candidatura socialista, aunque bajo la sombra de Vadillo. "Este bastón de mando, por justicia democrática, le corresponde a Ángel Vadillo", dijo María Luisa Murillo en su toma de posesión.
Vadillo terminó contratado como asesor de la alcaldesa y coordinador del Ayuntamiento mientras os problemas económicos han seguido creciendo, con la deuda por encima de los 15 millones de euros, tres veces el presupuesto municipal. Durante este tiempo se han acumulado los impagos a los trabajadores, unos 200. Algunos han llegado a estar más de un año sin cobrar. Ante esta situación, el PSOE también decide expulsar a Murillo del partido en marzo de 2021. "Le pedimos encarecidamente que presente su dimisión de todos los cargos, tanto públicos como orgánicos a la actual alcaldesa y secretaria general Marisa Murillo", le solicitó el secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus.
Tras esa expulsión, todos los concejales socialistas se van del partido, excepto uno. Después, el constante goteo de dimisiones de concejales afines a la alcaldesa ha terminado dando la mayoría a la oposición.
