La Delegación del Gobierno en Extremadura abrirá este lunes, 2 de marzo, dos oficinas comarcales en Coria y Jerez de los Caballeros para facilitar la información y tramitación de las ayudas destinadas a los afectados por el temporal. El objetivo es acercar la gestión a la ciudadanía y agilizar la presentación de solicitudes tanto de particulares como de empresas, agricultores y ganaderos.

Estas oficinas funcionarán como centros de atención al ciudadano, donde se ofrecerá información detallada sobre requisitos, documentación y procedimientos vinculados a las distintas líneas de apoyo económico activadas por el Gobierno central. El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha subrayado que este servicio permitirá reducir desplazamientos y garantizar un acceso más sencillo a las prestaciones.

Las ayudas incluyen compensaciones por daños materiales, apoyos directos a familias y mecanismos de respaldo a autónomos y empresas con pérdidas acreditadas por el temporal. Quintana ha agradecido la colaboración de las diputaciones provinciales, esencial para agilizar la gestión del real decreto de más de 7.000 millones de euros destinado a paliar los efectos de las recientes tormentas en Andalucía y Extremadura.

La oficina de Coria se ubicará en el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Cáceres (calle San Francisco, 7), mientras que la de Jerez de los Caballeros estará en el CID Sierra Suroeste (calle Jara s/n). El horario será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y la gestión inicial de expedientes correrá a cargo de personal técnico de las Subdelegaciones de Badajoz y Cáceres.

El juicio contra el exjefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, y otro agente por un presunto delito de revelación de secretos con el agravante de ser funcionarios públicos se celebrará este martes, 3 de marzo, a las 9:30 horas en la Audiencia Provincial de Cáceres.

Cacho, que actualmente está en segunda actividad, está acusado de filtrar el examen de las oposiciones al cuerpo policial realizadas en 2022. La Fiscalía Provincial solicita para él 2 años y 6 meses de prisión, además de 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, al considerar que aprovechó su posición como miembro del tribunal examinador para revelar contenido de la prueba.

El caso se inició en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres, pero la defensa solicitó que fuera elevado a la Audiencia Provincial, al amparo de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que establece que los delitos cometidos por agentes se juzgan en dicho órgano. Junto a Cacho, está acusado el director de la academia donde presuntamente se filtraron las preguntas, para quien la Fiscalía pide 5 años de prisión, además de 10 años sin acceso a ayudas o beneficios públicos y una multa equivalente al triple del beneficio obtenido.

Los hechos se remontan a 2022, cuando se convocaron ocho plazas de agente de Policía Local en Cáceres. Tras las pruebas realizadas en octubre de ese año, se abrió una investigación un año más tarde, después de que el sindicato CSIF denunciara haber recibido un pen drive con conversaciones de WhatsApp en las que se detallaban las supuestas filtraciones del examen de oposición libre.

Según el escrito de la Fiscalía, el profesor de la academia transmitió a sus alumnos información facilitada por Cacho sobre los temas que aparecerían en el examen, entre ellos la Ley de Espectáculos Públicos de Extremadura, incluida finalmente en la prueba del 28 de octubre de 2022. La investigación sostiene que el contenido del ejercicio práctico se determinó dos días antes y que el 27 de octubre, un día antes del examen, el profesor difundió a los aspirantes mensajes y documentación que anticipaban parte del temario.