El Gobierno, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han sellado este lunes un acuerdo clave para abordar la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. El protocolo, que permitirá empezar a presentar solicitudes a partir del 15 de abril, establece un sistema de evaluación individualizada sin fijar cuantías económicas concretas, aunque sí recoge criterios para determinar las compensaciones.

La firma, que se ha retrasado aproximadamente un mes respecto al calendario inicial pactado en enero, ha tenido lugar en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid. En el acto han participado el ministro Félix Bolaños, el Defensor Ángel Gabilondo y representantes de la Iglesia como Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Jesús Díaz Sariego, presidente de CONFER.

Indemnizaciones

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es precisamente la ausencia de baremos cerrados para las indemnizaciones. En su lugar, se evaluará cada caso atendiendo a factores como la gravedad de los abusos, la edad de la víctima, la duración de los hechos o las secuelas. Según ha explicado Félix Bolaños, “la reparación justa no debe estar determinada por una cifra”, sino por un análisis detallado de cada situación.

El sistema se articulará en varias fases y con distintos actores. El Ministerio creará una unidad específica para tramitar las solicitudes, mientras que el Defensor del Pueblo contará con un equipo independiente que analizará cada caso y propondrá una resolución en un plazo de tres meses. Esa propuesta podrá incluir desde reparaciones simbólicas o espirituales hasta compensaciones económicas.

La última palabra, en caso de desacuerdo, recaerá en el Defensor del Pueblo, cuya decisión será vinculante para la Iglesia. No obstante, el procedimiento contempla varios intentos de consenso previos, incluyendo la intervención de una comisión mixta con representantes de todas las partes, incluidas las víctimas.

Reparación integral

Desde la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha defendido que el objetivo no es fijar cantidades sino avanzar hacia una “reparación integral”, reconociendo al mismo tiempo que en muchos casos esta nunca podrá ser completa. En una línea similar, desde CONFER se ha valorado el acuerdo como un paso necesario, aunque imperfecto, para aliviar el sufrimiento de las víctimas.

El Gobierno ha dado un paso más apostando por la industria de defensa con la firma de un acuerdo interministerial que busca ampliar su base empresarial y tecnológica. Las ministras Margarita Robles y Diana Morant, junto al ministro Jordi Hereu, han sellado un compromiso para integrar a pequeñas y medianas empresas, así como a ‘startups’, en la cadena de valor de un sector cada vez más estratégico.

El acuerdo, presentado en el Ministerio de Industria, no se limita a la vertiente industrial. También pone el foco en la formación y cualificación de trabajadores en áreas clave como la ingeniería, la ciberseguridad, la aeronáutica, las tecnologías digitales o los sistemas espaciales, en un intento de adaptar el mercado laboral a las nuevas necesidades del sector.

Uno de los pilares de esta iniciativa es el lanzamiento del ecosistema IN+DEF, concebido como una red de colaboración orientada especialmente a pymes. La idea, según ha defendido el ministro de Industria, es que las grandes empresas tractoras del sector actúen como motor para incorporar talento y facilitar la entrada de compañías más pequeñas en proyectos de gran escala.

Inversión en defensa

La iniciativa llega en un momento de cambio en el panorama internacional, marcado por la inestabilidad geopolítica y el aumento del gasto en defensa en toda Europa. En este escenario, la ministra de Defensa ha dejado claro que “la inversión en defensa ha venido para quedarse” y ha defendido la oportunidad de aprovechar este contexto para posicionar a España como un referente en el sector.

Por su parte, Diana Morant ha enmarcado el proyecto en una estrategia más amplia de impulso a la ciencia y la innovación.

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha puesto el foco en el sector agrario como uno de los ejes clave de su proyecto político. Tras reunirse en Mérida con la organización agraria UPA-UCE, ha defendido la necesidad de “mejorar la coordinación” con quienes, a su juicio, “saben mejor que nadie lo que necesitan los agricultores y ganaderos” de la región.

Durante su intervención, la candidata socialista ha reivindicado los vínculos históricos entre el partido y organizaciones como UGT en el ámbito sindical o UPA-UCE en el agrario. “No se puede entender el PSOE de Extremadura sin esa prolongación en organizaciones hermanas”, ha señalado, apostando por reforzar esa relación para “dar respuestas reales” a los problemas del territorio.

Uno de los puntos en los que ambas partes coinciden es el diagnóstico sobre el futuro del campo. Vega ha resumido esa visión con una idea clara: “el campo necesita más familias y menos corporaciones”. En este sentido, ha destacado el papel de UPA-UCE en la defensa de las explotaciones familiares y de los pequeños productores, que constituyen la mayoría del sector pero cuentan con menor capacidad de presión.

Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox en Extremadura siguen abiertas y sin fecha clara de cierre. Así lo ha confirmado este lunes Alicia García, portavoz del PP en el Senado, que ha insistido en que ambas formaciones continúan “trabajando” para alcanzar un acuerdo que permita investir a María Guardiola como presidenta de la Junta.

En busca de la "estabilidad"

Alicia García ha reiterado la idea que los populares llevan semanas defendiendo: la necesidad de dar estabilidad institucional “cuanto antes”, especialmente en una comunidad como Extremadura, donde las elecciones autonómicas dejaron un escenario que obligaba a abrir una negociación compleja con Vox.

Aunque ha evitado concretar plazos, la dirigente popular dejó entrever que el calendario tampoco ayuda. La llegada de la Semana Santa introduce una pausa en los contactos más intensos, si bien desde el PP aseguran que cualquier avance durante estos días será clave para retomar las conversaciones con más opciones de acuerdo una vez pase el paréntesis festivo.

Extremadura... y otras regiones

El bloqueo en Extremadura no es un caso aislado, sino parte de un patrón que se ha repetido en otras comunidades tras los comicios autonómicos: el PP necesita el apoyo de Vox para gobernar, pero las condiciones del partido de Santiago Abascal han generado tensiones y negociaciones prolongadas.

Desde el PP insisten en que el objetivo es responder al mandato de las urnas y evitar un periodo prolongado de interinidad. “Es lo que esperan las personas que han depositado su confianza en el Partido Popular”, ha finalizado García.

Nueva operación policial este lunes en Badajoz, centrada en el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas. La Policía Nacional, apoyada por grupos especiales desplazados desde fuera de la región, ha llevado a cabo registros simultáneos en viviendas de los barrios de Cerro de Reyes y Tres Arroyos.

El operativo ha comenzado a las 6:00 de la madrugada, cuando los agentes han entrado en al menos dos domicilios que funcionaban presuntamente como puntos de venta de droga. En los registros se ha incautado diverso material, entre el que se encuentran sustancias estupefacientes y armas, según fuentes policiales.

En el dispositivo han participado unidades especializadas, además de la Brigada Judicial de Badajoz: el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), lo que revela la envergadura de la intervención.

Por el momento, hay al menos una persona detenida, aunque no se descartan más arrestos, ya que la operación continúa abierta. La Policía Nacional ha confirmado además que este despliegue no guarda relación con los tiroteos registrados en las últimas semanas en la ciudad de Badajoz.

Está previsto que mañana se conozcan más detalles sobre esta operación vinculada al tráfico de drogas y a la tenencia ilícita de armas.

La Junta de Extremadura hace un llamamiento a extremar las precauciones en las quemas agrarias que están detrás de la mayoría de los 14 incendios forestales registrados en la comunidad autónoma este fin de semana, principalmente en el norte de la región. En concreto, el sábado hubo incendios forestales en Pinofranqueado, Arroyomolinos de la Vera, Piornal, Robledillo de la Vera y Calzadilla. Y el domingo, en Valverde del Fresno, Santa Cruz de Paniagua, Montánchez, Robledillo de la Vera de nuevo, Acebo, Pasarón de la Vera, Madrigal de la Vera y Losar de la Vera, más uno en Navaconcejo este lunes.

Solo permanece activo el de Losar de la Vera. Casi todos estos incendios forestales se iniciaron por negligencias y accidentes vinculados al uso del fuego en el entorno agrario, y en el caso de los que afectaron a zonas de alta montaña de La Vera, por quemas ligadas a intereses ganaderos, fundamentalmente las de matorral para intentar rejuvenecer pastos.

No se pueden hacer quemas cuando el viento es desfavorable

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural recuerda que desde el pasado 27 de octubre está vigente la orden de declaración de peligro bajo de incendios forestales, que impone una serie de restricciones al uso del fuego. Están permitidas algunas quemas agrarias, pero bajo autorización previa o declaración responsable y respetando una serie de exigencias, entre las que está no realizarlas si las condiciones meteorológicas son desfavorables, como ha ocurrido este fin de semana con el viento.

La subida de las hipotecas continúa impactando en el mercado inmobiliario extremeño. La compra de vivienda en la región ha caído casi un 5%, una bajada notable pero menor que la registrada en el conjunto de España, donde el descenso ha sido más acusado. Paralelamente, el sector detecta un cambio de tendencia: cada vez se compra menos vivienda nueva y se rehabilita más la antigua.

Extremadura es, además, una de las pocas comunidades donde el precio del metro cuadrado bajó en 2025, concretamente un 3,7%. Aun así, la adquisición de viviendas sigue descendiendo, mientras crece la apuesta por pequeñas reformas, especialmente en baños y cocinas, obras que suelen situarse por debajo de los 10.000 euros. Las rehabilitaciones integrales, sin embargo, continúan siendo minoritarias y apenas alcanzan el 2% del total.

El problema surge a la hora de ejecutar estos trabajos. Las empresas del sector alertan de una falta creciente de mano de obra, especialmente entre los albañiles, lo que está empezando a retrasar obras y presupuestos. Para dar respuesta a esta carencia, la Fundación Laboral de la Construcción refuerza su apuesta por la formación. Solo en el último año, más de 6.000 personas han pasado por sus instalaciones, y el 98% consigue empleo tras completar su preparación.

Buena parte de esta formación está financiada por la Junta de Extremadura en funciones, a través del programa Pasarela Empresa. En su última convocatoria, se ha formado a 15 personas con una inversión pública de 225.000 euros, centrada en dar respuesta a las necesidades inmediatas del sector.

El sector coincide en que, si continúa el aumento de las rehabilitaciones y las pequeñas reformas, el déficit de profesionales cualificados será uno de los grandes retos para el mercado de la vivienda en los próximos años.