Esta semana vuelve la actividad parlamentaria a la Asamblea de Extremadura, dando inicio a un curso político cargado de citas que serán decisivas para el futuro de la legislatura.
La primera gran prueba serán los presupuestos autonómicos. La Junta ya trabaja en el proyecto de cuentas para 2026 y la incógnita es con qué apoyos tratará de sacarlas adelante. La negociación fallida con PSOE y Vox el año pasado deja en el aire las alianzas de este curso, que marcarán la estabilidad del Ejecutivo.
Factores judiciales y nacionales
El clima político regional también estará condicionado por los tribunales. El secretario general del PSOE extremeño afrontará un juicio por la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno, una cita judicial que puede tensionar aún más las relaciones entre partidos.
A ello se suma la influencia de la política nacional. Con matices, todos los grupos de la Cámara extremeña han mostrado su rechazo a la posible aprobación de un cupo fiscal para Cataluña. También están sobre la mesa discrepancias con el Ejecutivo central: la asunción de deuda autonómica, la financiación de los menores migrantes, la inversión estatal en el tren extremeño y, de fondo, la decisión definitiva sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.
El reto industrial
Más allá de la política, el desarrollo económico de la región tendrá en los próximos meses varias pruebas clave. La Junta confía en consolidar proyectos estratégicos como la gigafactoría de baterías en Navalmoral, la fábrica de cátodos en Mérida o los centros de datos previstos en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, iniciativas llamadas a reforzar el tejido industrial y a atraer inversión a Extremadura.
Con estos frentes abiertos, el curso parlamentario arranca con un calendario intenso, en el que se cruzarán presupuestos, juicios, negociaciones con el Estado y proyectos estratégicos que definirán el rumbo político y económico de la comunidad.
