El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación presentada por las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz para que el organismo regulador evalúe una posible prórroga de su vida útil.
El CSN podrá analizar ahora toda la información desde el punto de vista de la seguridad nuclear, con el fin de emitir el informe preceptivo que determine si la instalación puede seguir operando más allá de las fechas fijadas en el calendario actual de cierre.
Solicitud de las eléctricas
La solicitud fue presentada el pasado 30 de octubre por Iberdrola, Endesa y Naturgy, titulares de la planta. En ella piden que se autorice prolongar la actividad de los dos reactores hasta junio de 2030. De recibir el visto bueno, la prórroga permitiría alargar tres años la vida útil del reactor I, cuyo cese está previsto para el 1 de noviembre de 2027, y dos años la del reactor II, que según la planificación actual debería cerrar el 31 de octubre de 2028.
Argumentaban en ese momento las eléctricas que la central sigue siendo segura y esencial para garantizar el suministro eléctrico. Y aseguraban que cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear en 2020, vigente hasta el final de la década, a pesar de la fecha de cierre establecida.
El papel del CSN
El Consejo de Seguridad Nuclear va a estudiar al mismo tiempo el cierre y la posible prórroga de la Central Nuclear de Almaraz, según se desprende del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Se trata de dos procesos que, en sí, no son excluyentes.
