31 Marzo 2026, 14:06
Actualizado 31 Marzo 2026, 14:54

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado este martes la modificación de los límites de 52 espacios protegidos de la región, tras detectar errores en su delimitación original que afectaban al desarrollo urbano de numerosos municipios. En total, se ajustan los perímetros de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 13 Lugares de Interés Comunitario (LIC).

Según ha explicado la Junta, la revisión ha permitido identificar áreas urbanas, polígonos o espacios sin valores ambientales que, por error cartográfico, quedaron incluidos dentro de zonas protegidas. Esta situación impedía la construcción de infraestructuras básicas, como residencias, centros educativos o viales, al estar sometidas a restricciones propias de los espacios naturales protegidos.

Con la modificación aprobada, estos municipios podrán ahora desarrollarse con normalidad, al quedar excluidas las áreas que no deberían haber estado sometidas a protección.

Actualización de los recursos para víctimas de violencia de género

El Consejo de Gobierno ha aprobado también la actualización de los recursos de atención a víctimas de violencia de género, con mejoras en su calidad, alcance y capacidad de respuesta.

La principal novedad es que se garantiza la atención psicológica especializada incluso cuando la víctima no resida en el municipio o mancomunidad donde exista el servicio, evitando así desigualdades en el acceso y permitiendo una cobertura homogénea en toda la región.

Nuevas inversiones en discapacidad y salud mental

Durante la sesión, el Ejecutivo ha autorizado además:

  • 10,2 millones de euros destinados a residencias y viviendas tuteladas para personas con discapacidad, lo que permitirá mantener 798 plazas, con un incremento de 1,8 millones respecto a 2025.
  • 1,2 millones de euros para proyectos de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad mental, en colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

Estas partidas buscan reforzar la red de atención social y garantizar recursos suficientes para colectivos vulnerables en 2026.