Las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz han presentado ya toda la documentación requerida para iniciar de forma oficial la tramitación de la prórroga de funcionamiento hasta 2030. Con este paso, Iberdrola, Endesa y Naturgy culminan semanas de trabajo técnico y administrativo tras su decisión conjunta de solicitar la continuidad de la instalación.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) remitió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la solicitud presentada por las empresas eléctricas para la renovación de la autorización. Tras recibirla, el CSN pidió información adicional a las compañías antes de continuar con el análisis.
Será el CSN quien emita el informe preceptivo, tanto para autorizar la continuidad de la central como para establecer las condiciones que deba cumplir en caso de prórroga. Este trámite resulta imprescindible para que el Gobierno pueda resolver la petición de renovación.
Según el reglamento vigente, el organismo regulador dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud correspondiente a la central cacereña.
Las compañías recuerdan que Almaraz se encuentra en el nivel 1 de excelencia de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y que cumple todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN, vigente hasta 2030. La central mantiene además un sistema de control y auditorías externas y una inversión anual de 50 millones de euros destinada a modernización y mejora tecnológica.
El acuerdo definitivo entre las empresas se aceleró tras el anuncio de la rebaja progresiva de la ecotasa extremeña, una medida que permitió lograr la unanimidad necesaria en la comunidad de bienes que gestiona Almaraz. Con este cambio fiscal, las propietarias retomaron la vía común para solicitar la extensión de la vida útil, defendiendo que la prolongación garantiza seguridad de suministro, estabilidad del sistema y mayor autonomía energética.
La petición, no obstante, llega en un contexto de debate. Greenpeace advierte que mantener la central abierta hasta 2030 podría suponer un sobrecoste de más de 3.800 millones de euros para la factura eléctrica y una pérdida significativa de inversión en energías renovables.
Con la documentación ya entregada, el proceso queda ahora en manos del CSN y del MITECO, que deberán evaluar los informes técnicos y determinar si Almaraz puede continuar operando más allá del calendario de cierre inicialmente previsto para 2027–2028.
El Gobierno fija sus condiciones para estudiar la prórroga nuclear
El Gobierno ha dejado claras las condiciones marco que deben cumplir las eléctricas si quieren que se tramite una prórroga en la vida útil de las centrales:
- No habrá ventajas fiscales específicas para la energía nuclear.
- Cumplimiento estricto de los criterios de seguridad establecidos por el CSN.
- Garantía de seguridad de suministro eléctrico, conforme a los estándares del operador del sistema.
- Cero impacto económico para consumidores y contribuyentes, lo que significa que la extensión no podrá encarecer la factura ni requerir ayudas públicas.
