Un día después de que las compañías eléctricas decidieran dar un paso más en la defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz, los comités de empresa de todas las plantas nucleares del país se han dado cita en la localidad extremeña. El objetivo: consensuar una postura común frente al calendario oficial de cierre de las centrales y analizar las consecuencias económicas y sociales que este podría acarrear.
La reunión se produce en un momento clave, ya que las tres empresas propietarias de Almaraz —Iberdrola, Endesa y Naturgy— trabajan para solicitar formalmente al Gobierno la prórroga de la actividad de la central hasta el año 2030. Esta decisión ha sido recibida con entusiasmo por la Plataforma Sí a Almaraz, que desde hace años defiende la continuidad de la instalación como motor económico de la comarca. Recuerdan que el cierre de la central supondría la pérdida de unos 4.000 empleos, entre directos e indirectos, en la zona de Campo Arañuelo. Un impacto que preocupa especialmente a los sindicatos, que advierten del riesgo de despoblación y deterioro económico si no se garantiza una transición justa y planificada.
Desde este verano, el Gobierno se abre a que las nucleares sigan abiertas y pone dos condiciones a las eléctricas: que no suban el recibo a los consumidores y que garanticen el suministro y la seguridad. En el puzzle otra pieza fundamental: los partidos catalanes en el Congreso, Junts y ERC, no quieren que se cierren las centrales que hay en Cataluña. De hecho se abstuvieron en una reciente moción del PP para alargar la vida de las Nucleares en las que PSOE y SUMAR votaron en contra.
