El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha acusado de "intencionalidad política" a quienes afirman que la Central Nuclear de Almaraz se cerrará mientras otras, como las de Cataluña, seguirán operativas como pago del Gobierno central a los independentistas catalanes.
Quintana ha insistido en que el futuro de la planta depende exclusivamente de las empresas propietarias, que tienen previsto reunirse el próximo 21 de octubre para presentar una propuesta formal al Gobierno. “Por aquí deberían haber empezado. La pregunta es por qué se ha generado tanto ruido en una cosa que depende de las empresas" porque "son ellas las que tienen que solicitar la prórroga”.
El debate fiscal y la tasa Enresa
Quintana ha sido tajante respecto a la tasa Enresa, que grava la gestión de residuos nucleares: “no se puede pretender rebajar esa tasa. Si se rebaja, los ciudadanos tendrían que pagar lo que deben pagar las empresas, que están batiendo récords de beneficios”.
A nivel regional, ha advertido que si se aplica la rebaja fiscal que plantea la Junta de Extremadura, las arcas autonómicas perderán 45 millones de euros, lo que obligará al ejecutivo a recortar inversiones públicas.