Más allá del debate sobre desde cuándo Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, tiene la condición de aforado, la cuestión clave es si podría renunciar a ese aforamiento. Los expertos consultados coinciden en que no es posible.
Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, lo explica con claridad: “Individualmente no es posible renunciar al aforamiento, porque no pertenece al diputado. Lo que protege es la función parlamentaria, el mandato representativo otorgado por la ciudadanía”.
El aforamiento es una figura jurídica que nació históricamente para proteger a los servidores públicos y garantizarles un proceso judicial con mayores garantías, asegura Moreno: “Lo que se pretende es proteger al representante público frente a posibles influencias sobre los jueces de instrucción, que están más cerca de la ciudadanía y, por tanto, podrían ser más influenciables. Por eso, los aforados son juzgados por tribunales superiores, en teoría más cualificados”.
Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan la expansión de esta figura en España. La más reciente, la del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien ha advertido que en el país hay más autoridades aforadas de las necesarias. Según él, esta situación “desprende el aroma de privilegio” y por ello se muestra partidario de reducir drásticamente el número de personas con esta condición.
