El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que recurrirá el procesamiento dictado por la jueza Beatriz Biedma, que lo sitúa a un paso de juicio oral por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de Artes Escénicas de la institución provincial. Ambos, junto a otros implicados, tienen ahora un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Acusa a la ultraderecha

Gallardo ha asegurado este lunes que mantiene la "máxima tranquilidad" y ha expresado su "confianza en la justicia", convencido de que "nada se ha hecho mal". Ha recordado que todo el proceso se remonta a una denuncia presentada hace un año por el colectivo Manos Limpias, al que ha situado "ideológicamente en la ultraderecha", señalando también a Hazte Oír y acusando a formaciones como Vox y el Partido Popular de haberse sumado con fines políticos: "Han venido a alterar la normalidad de una comunidad, insultando en sus declaraciones", ha afirmado.

Según el presidente de la diputación pacense, "se está utilizando este caso para dañar al Gobierno de España y a su presidente". Gallardo ha manifestado que, aunque respeta la decisión de la jueza, está convencido de que "todos los procedimientos que se hicieron desde la Diputación fueron rigurosos y estrictos", como, a su juicio, se ha demostrado en las declaraciones prestadas hasta ahora.

Finalmente, ha recalcado que la agenda política de la Diputación no se verá afectada: "Por suerte, la justicia es garantista. Recurriremos, pero le puedo asegurar que esto no altera ni nuestra agenda ni nuestra política".

El secretario general  de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha anunciado que su organización solicitará la pena máxima por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. Ambos han sido procesados tras la investigación judicial abierta por la contratación de Sánchez como coordinador de Artes Escénicas en la institución provincial, a raíz de una denuncia presentada precisamente por Manos Limpias.

Los cuatro menores de Almendralejo, que fueron apartados de su instituto tras ser acusados de una presunta agresión física y sexual a un compañero, regresarán mañana a las aulas, pero en instalaciones diferentes. Así lo ha confirmado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, quien ha explicado que la medida cautelar que les impedía acudir al centro educativo finalizaba hoy.

Derecho a la educación

La decisión busca garantizar el derecho a la educación de los menores involucrados en el caso, al mismo tiempo que se evita que coincidan con la víctima en el mismo espacio educativo. Vaquera ha destacado que la reubicación de los estudiantes en otras dependencias permitirá que continúen con su formación sin interferir en el bienestar del compañero afectado. "Se va a proceder a su reubicación para que no pierdan su derecho a la educación", ha asegurado la consejera.
 

Un accidente ocurrido en el kilómetro 492, sentido norte, de la autovía A-66 ha provocado el vuelco de un vehículo articulado, ocupando la totalidad de los carriles. Como consecuencia del siniestro, se ha procedido al corte de la vía y se han desplazado varias patrullas de seguridad ciudadana y de tráfico para garantizar la seguridad vial en la zona.

El vehículo accidentado transportaba piezas y repuestos de vehículos, y el conductor, que inicialmente se encuentra herido de carácter leve, ha sido atendido en el lugar del siniestro.

Para desviar el tráfico, se ha establecido un desvío por la N-630 a la altura del kilómetro 495. Los vehículos deberán continuar por esta carretera hasta reincorporarse a la A-66 en el kilómetro 488, a la altura de Riolobos.

Se recomienda a los conductores precaución en la zona mientras se realizan las labores de limpieza y retirada del vehículo accidentado.

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo delictivo dedicado al robo de cableado del alumbrado público en municipios de las provincias de Badajoz y Cáceres. Nueve personas, hombres y mujeres, vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, han sido detenidas por su implicación en un total de 41 delitos de robo y hurto de cableado en 31 localidades de Extremadura.

La operación comenzó el pasado mes de septiembre, tras detectarse varios robos en la Comarca de la Serena. Los delincuentes forzaban registros o arquetas de suministro eléctrico, cortaban los cables y los arrastraban para extraerlos del conducto. La investigación permitió identificar a un grupo organizado que utilizaba vehículos propios o alquilados para trasladar el material sustraído hasta Badajoz, donde lo vendían a una empresa de reciclaje.

Durante sus actividades en localidades como Badajoz, Guareña y Don Benito, diferentes unidades de la Guardia Civil y Policía Local interceptaron a miembros del grupo y recuperaron 1.800 kilos de cable de cobre.

Modus operandi

La banda actuaba con un claro reparto de funciones: unos planificaban y ejecutaban los robos, otros limpiaban el material y retiraban el recubrimiento mediante su quema, y otros lo transportaban para su venta, utilizando identidades de terceros para evitar ser relacionados con los delitos.

En total, llegaron a sustraer más de 54.000 metros de cable de cobre, valorados en unos 300.000 euros, además de los cuantiosos daños a las infraestructuras públicas y los problemas de suministro eléctrico provocados.

La jueza Beatriz Biedma ha procesado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. Con esta decisión, ambos quedan a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados en el caso relacionado con la adjudicación de la plaza de coordinador de Artes Escénicas. En el auto de 70 páginas, la jueza también procesa al Diputado Área de Cultura, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, y al exasesor de Moncloa, Luis Carrero, entre otros cargos de la Diputación de Badajoz.

En total, la jueza procesa a once personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Esta decisión se produce tras la investigación de las diligencias previas relacionadas con diversas contrataciones y modificaciones de puestos de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz.

Paso previo al juicio oral

Tras las últimas comparecencias celebradas la pasada semana, la jueza que instruye el caso ha propuesto formalmente la apertura de juicio contra Sánchez, Gallardo y otros investigados, con la excepción de un jefe de servicio de la Diputación pacense, que ha quedado fuera del procedimiento.

Según el auto, se han encontrado indicios suficientes que apuntan a que la creación del puesto de "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios", posteriormente renombrado "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas", se realizó con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón. Además, se investigan posibles irregularidades en la contratación de Luis Mª Carrero Pérez para la Jefatura de Sección de Centros y Programas Transfronterizos

Ahora, las partes disponen de un plazo de diez días para pronunciarse al respecto.