El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026, al mismo tiempo que entrará en funcionamiento a partir de la segunda quincena de enero un nuevo billete único para toda España de 60 euros al mes  y 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.

"Ahora para el bolsillo de muchas familias"

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

Hace un llamamiento a las comunidades para que se sumen

De momento, el abono incluirá los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al ser todo ello competencia del Estado, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos también se sumen "progresivamente".

La instalación de un piso para menores tutelados en un bloque de viviendas de Cáceres ha desatado una fuerte controversia entre los residentes, que han expresado su oposición mediante una pancarta colocada en lo alto del edificio y acuerdos adoptados en junta de propietarios. En el inmueble viven nueve personas, la mayoría octogenarias, y operan dos despachos profesionales. La comunidad argumenta que la ubicación “no es adecuada” por las condiciones de vulnerabilidad de sus residentes.

Los vecinos aseguran que temen “que ocurra lo mismo que en Badajoz con el caso Belén Cortés” y han mostrado su rechazo a la puesta en marcha del recurso residencial en su bloque. Elisa González, residente, y Alfonso Sánchez, presidente de la comunidad, han trasladado la postura del vecindario, incidiendo en que la prioridad debería ser proteger a los mayores y evitar conflictos en un entorno que consideran sensible.

Por su parte, la propiedad del piso donde se alojarían los menores sostiene que se cumplen todos los requisitos y ha anunciado que impugnará la junta de propietarios en la que se formalizó la protesta. Desde la Junta afirman que la responsabilidad de habilitar una vivienda adecuada recae en la subcontrata encargada de la gestión, mientras que la empresa adjudicataria defiende que “todo está en regla” y denuncia la actitud hostil de parte del vecindario. La subcontrata asegura que su personal ha sufrido agresiones verbales en accesos al edificio.