La instalación de un piso para menores tutelados en un bloque de viviendas de Cáceres ha desatado una fuerte controversia entre los residentes, que han expresado su oposición mediante una pancarta colocada en lo alto del edificio y acuerdos adoptados en junta de propietarios. En el inmueble viven nueve personas, la mayoría octogenarias, y operan dos despachos profesionales. La comunidad argumenta que la ubicación “no es adecuada” por las condiciones de vulnerabilidad de sus residentes.
Los vecinos aseguran que temen “que ocurra lo mismo que en Badajoz con el caso Belén Cortés” y han mostrado su rechazo a la puesta en marcha del recurso residencial en su bloque. Elisa González, residente, y Alfonso Sánchez, presidente de la comunidad, han trasladado la postura del vecindario, incidiendo en que la prioridad debería ser proteger a los mayores y evitar conflictos en un entorno que consideran sensible.
Por su parte, la propiedad del piso donde se alojarían los menores sostiene que se cumplen todos los requisitos y ha anunciado que impugnará la junta de propietarios en la que se formalizó la protesta. Desde la Junta afirman que la responsabilidad de habilitar una vivienda adecuada recae en la subcontrata encargada de la gestión, mientras que la empresa adjudicataria defiende que “todo está en regla” y denuncia la actitud hostil de parte del vecindario. La subcontrata asegura que su personal ha sufrido agresiones verbales en accesos al edificio.
