El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación del servicio de transporte y logística del Banco de Sangre, por un importe de 5.174.888,31 euros.

En nota de prensa, la Administración autonómica recuerda que el Banco de Sangre se encarga de la obtención, procesamiento, almacenamiento y distribución de la sangre, hemocomponentes, donaciones de sangre de cordón umbilical y leche materna en Extremadura, y necesita disponer de los medios de transporte suficientes para desarrollar sus labores de promoción.

También para desplazarse a obtener donaciones de sangre y de plasma mediante sus equipos de colectas (formados por médicos y enfermeros); para recoger las donaciones de sangre de cordón umbilical en los hospitales públicos que disponen de maternidad; y para recoger las donaciones de leche materna que las madres donantes han depositado en los hospitales del SES.

El transporte también es necesario, añade la Junta, para la distribución de los productos necesarios a los diferentes centros hospitalarios y, en el caso de la sangre de cordón, para el traslado de las unidades válidas para su conservación y almacenamiento, por convenio previo, con el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona.

Material sanitario

De otro lado, el Consejo de Gobierno extremeño ha autorizado la contratación, por acuerdo marco, del suministro de dispositivos de sustitución valvular aórtica percutánea para el Área de Salud de Badajoz, por un importe de 9.719.428,40 euros y un plazo de ejecución de 24 meses prorrogables por otros 24 meses como máximo.

Esta técnica aporta una solución mínimamente invasiva y alternativa a la cirugía cardíaca. En los últimos años se han ido perfeccionando los diferentes tipos de dispositivos y se ha simplificado y estandarizado la técnica quirúrgica, obteniéndose mejores resultados, explica la Junta.

Servicios de atención básica

Por otra parte, el Consejo de Gobierno autonómico ha autorizado también la firma de los acuerdos de prórroga para el año 2026 de los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Montijo, Moraleja y Vegaviana, y con la Mancomunidad Vegas Altas IV para la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, con una aportación total de la Junta de Extremadura de 397.977 euros.

Estos convenios permiten seguir ofreciendo información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población en materia de servicios sociales, una prestación que han venido ofreciendo las entidades locales de la región por sí solas o a través de fórmulas de gestión compartida.

El gobierno central ha destacado hoy que seguirá adelante con las exhumaciones de represaliados de la guerra. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que financiará nuevas excavaciones, a pesar, dice, de las leyes de concordia recientemente aprobadas por regiones como Extremadura. 

Ángel Víctor Torres ha avanzado que son casi 9.000 las personas exhumadas de fosas comunes, sobre un total de 20.000 personas en "fosas, cunetas y pozos susceptibles de ser recuperadas" que se habían estimado en 2019. En cualquier caso, el ministro ha querido dejar claro que continuarán con las exhumaciones para que no quede nadie sin entregar a sus familiares y tenga un "descanso permanente".

En cuanto al Valle de Cuelgamuros -antiguo Valle de los Caídos-, el ministro ha señalado que esperan iniciar las obras para resignificar el lugar antes de que acabe la Legislatura.

Además, Ángel Víctor Torres ha destacado que ha habido 206 solicitudes de familiares para recuperar restos del citado Valle. Por el momento, ha dicho, se han localizado 36 cajas y 458 restos. De estas, se han identificado 31 cuerpos que se se han entregado a sus familiares y 21 de éstos lo han sido por pruebas de ADN.

El Consejo de Gobierno se ha pronunciado a favor de la tramitación del proyecto de decreto por el que se modifican los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se propone a la Comisión Europea la modificación de los límites de 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

Así lo ha avanzado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha aclarado que se han revisado los límites de estos espacios para "corregir errores derivados de la delimitación original".

El "principal problema" de estos errores se encuentra en que "algunas zonas urbanas" se incluyeron dentro de la Red Natura 2000, la Red Europea de Espacios Protegidos "sin que realmente tuvieran valores naturales que justificasen ese alto nivel de protección".

La consecuencia para estos municipios es que "no pueden desarrollarse adecuadamente", en tanto que "no pueden construir infraestructuras básicas como puede ser un parque o una residencia de ancianos, ni tampoco pueden ampliar polígonos industriales o cementerios".

Manzano ha puesto como ejemplo el caso de Garlitos, que no puede abrir la residencia de mayores de Garlitos, una vez finalizada su construcción, "por culpa de este nivel de protección", ha señalado. Con estas modificaciones, ha añadido, lo que se hace es "ajustar las zonas protegidas para permitir la expansión de muchos pueblos" y "siempre sin perjudicar los valores ambientales".

Así, tras la realización de varios estudios sobre las ZEPAS se han detectado errores y posibles mejoras, por lo que resulta necesario un nuevo decreto para corregir los errores cartográficos existentes en su delimitación en núcleos urbanos y entornos poblacionales, así como obtener una mejor representación y protección de las especies de aves de interés comunitario y de sus hábitats.

Dentro de las 39 zonas ZEPA que incluye este decreto hay 19 de especial protección de colonias de cernícalo primilla que se encuentran dentro de los pueblos, de modo que se propone "excluir de esa protección las zonas urbanas y en las que nunca ha habido pareja reproductora y, por otro, mantener o ampliar las áreas donde sí que existen esas colonias de reproducción".

ZONAS ZEPA AFECTADAS
Por tanto, se actuará en las ZEPA de Monfragüe y las dehesas del entorno, Embalse de Orellana y Sierra de Pela, Sierra de San Pedro, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra Grande de Hornachos, Campiña sur-Embalse de Arroyo Conejos, Embalse de Valdecañas, Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava, Sierras de Peñalsordo y Capilla, Hurdes, La Serena y Sierras Periféricas, Río Tajo Internacional y Riberos, Llanos de Alcántara y Brozas, Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera, Arrozales de Palazuelo y Guadalperales, Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta, Magasca Río y Pinares del Tiétar, Canchos de Ramiro y Ladronera, Dehesas de Jerez, Puerto Peña-Los Golondrinos y Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque".

Asimismo, la nueva delimitación también afectará a las ZEPA declaradas en núcleos urbanos para la conservación de las colonias de cernícalo primilla en Almendralejo, Saucedilla, Trujillo, Fuente de Cantos, Guareña, Llerena, Zafra, Ciudad Monumental de Cáceres, Garrovillas, San Vicente de Alcántara, Brozas, Alburquerque, Jaraíz de La Vera, Ribera del Fresno, Belvís de Monroy, Jerez de los Caballeros y El Cachón de Plasencia. El proyecto de decreto contempla también proponer a la CE la modificación de los límites de 13 LIC de modo que se pueda disponer de una mejor representación y protección de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario.

De esta manera, la actualización afectaría al embalse de Orellana y Sierra de Pela, Sierra de San Pedro, Sierra Grande de Hornachos, Llanos de Alcántara y Brozas, Dehesas de Jerez, Puerto Peña-Los Golondrinos, La Serena, Cedillo y Río Tajo Internacional, Las Hurdes, Granadilla, Sierra de Gredos y Valle del Jerte, Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque y Monfragüe.

Los límites que se pretende actualizar "no han sufrido transformaciones provocadas por las actividades humanas con respecto a su situación previa a la declaración", asegura el Ejecutivo regional, que añade que la corrección de "errores científicos iniciales demostrables" son admitidos por la Comisión Europea como uno de los motivos para proponer la exclusión de superficie.