La nueva tasa de basura en Badajoz ha generado un fuerte malestar entre vecinos y colectivos, que critican el incremento del recibo y reclaman al Ayuntamiento una revisión de los importes y de los criterios de cobro. El cálculo de la cuota en función de la superficie del inmueble ha provocado quejas generalizadas.

Ahora, además, cuatro asociaciones vecinales denuncian irregularidades en la entrega de notificaciones de liquidación. El pasado 12 de diciembre se publicó en un suplemento del BOE un listado de 11.270 personas y empresas que no recibieron la notificación. Anselmo Solana, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, explica que “a todas las personas que aparecen en esas 490 páginas se les da un plazo de 15 días naturales, estamos hablando de 7 días hábiles”.

Desde FACUA Badajoz se critica el gasto de más de 411.000 euros en el proyecto de notificaciones y se acusa al Ayuntamiento de “voracidad recaudatoria”. José Manuel Núñez, presidente de FACUA Badajoz, espera que “no sea a costa de los sufridos contribuyentes de Badajoz”.

Las asociaciones advierten que podrían aplicarse recargos de hasta el 20% y temen nuevos listados, por lo que exigen abrir una investigación y depurar responsabilidades.

La Unión de Agricultores y Ganaderos ha criticado hoy los retrasos de hasta tres años en el pago de las ayudas para la incorporación de jóvenes al campo en Extremadura. Según el secretario nacional de la organización, Luis Cortés, el problema se debe a que la Junta “no cuenta con técnicos suficientes para certificar las obras de las nuevas explotaciones”, lo que bloquea la tramitación de los expedientes.

Cortés ha explicado que hay solicitudes iniciadas en 2023 que no se cobrarán hasta finales de 2026, una situación que considera “inaceptable” porque frena el relevo generacional y la modernización del sector.

Además, La Unión ha lanzado un ultimátum a la Consejería de Agricultura: si no se abonan las ayudas pendientes a 400 productores de cereza del Valle del Jerte correspondientes a 2024, la organización se manifestará este sábado en Mérida, ante la sede de Presidencia, en plena jornada de reflexión electoral.

Cada vez más cerca del mundo laboral, las dudas sobre qué camino elegir aumentan. “Claro, ¿qué eliges? Si no sabes lo que te gusta, si no has tenido una experiencia…”, reconocen los propios alumnos. La formación profesional es clave para acercar el mundo laboral a la enseñanza y en el Instituto Santa Eulalia de Mérida lo saben. 

Por eso, alumnas como Irene Pilo y Lucía Rodríguez han aprovechado sus horas de tutoría para aprender de profesionales de distintos ámbitos. Irene reconoce que sirve para "formarnos de una manera más dinámica, poder aprender de ellos” Lucía apunta que "vienen personas que trabajan con gente mayor, con gente más pequeña y así dices ¡anda!, esto me llama más la atención”.

La iniciativa, muy valorada por sus profesores y empresas, busca que los estudiantes den sus primeros pasos con confianza. Lidia López, profesora, asegura que "se produce un cambio madurativo muy importante”.

El 2025 no ha sido un buen año para el agricultor extremeño. Es la opinión de UPA-UCE Extremadura, que ha hecho balance de estos doce meses en los que no cree que suba la renta agraria, pues sectores muy importantes en la región como el tomate, el arroz, la aceituna han tenido problemas de producción y de precios.

La organización agraria señala como principales problemas los efectos del cambio climático, los incendios históricos que han arrasado explotaciones y los problemas sanitarios en la ganadería, que han afectado a todos los sectores.

“Quien niega el cambio climático o no vive en Extremadura o miente con algún interés que no es el de los agricultores”, ha afirmado el ex secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, recordando que las olas de calor han provocado los peores incendios registrados en la región.

En cuanto a los precios, los sectores ganaderos han mantenido cierta estabilidad, salvo la apicultura, que sufre precios hundidos por importaciones extracomunitarias. En agricultura, la fruta de hueso ha mejorado respecto a 2024, pero tomate, arroz, aceituna de mesa, aceite y cereales han registrado precios muy bajos.

UPA-UCE destaca como positivo el impacto del acuerdo de las 43 medidas, que ha permitido mantener ayudas al gasóleo agrícola y retrasar la obligatoriedad del cuaderno digital hasta 2027.

Retos para 2026

De cara al 2026, el presidente de UPA-UCE, Óscar Llanos, quiere un buen año de cosechas y cotizaciones, exige una cláusula de salvaguardia para el arroz, un etiquetado de origen transparente, medidas para el olivar tradicional y un trato justo para el tabaco en la nueva PAC. También reclaman la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar para proteger explotaciones familiares, que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, impulso al relevo generacional, ya que sólo el 12% de los agricultores tiene menos de 40 años. 

Igualmente, se plantean como retos poner soluciones a la falta de mano de obra, con contingentes y alojamientos dignos, y adoptar medidas contra el cambio climático, que está generando sequías, olas de calor y nuevas enfermedades animales.

En el ámbito sanitario, la Junta de Extremadura va a destinar 11,6 millones de euros a la implantación de sistemas de control de glucosa para pacientes con diabetes. Los médicos del Servicio Extremeño de Salud podrán consultar los datos en tiempo real desde la historia clínica digital, lo que permitirá mejorar el seguimiento y la atención de miles de usuarios. Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.

En paralelo, se han aprobado 6,1 millones de euros para financiar obras y mejoras en residencias de mayores y centros de día. Los ayuntamientos podrán recibir hasta 250.000 € para reformas, equipamiento y nuevos servicios de proximidad como fisioterapia, podología, asistencia domiciliaria o transporte. El objetivo es aumentar la calidad de vida de los usuarios y ampliar las plazas públicas disponibles.

Mundo rural, cultura y tecnología

La portavoz Elena Manzano también ha anunciado una convocatoria de tres millones de euros para caminos rurales, con dos líneas de actuación: reparación de vías en municipios de menos de 5.000 habitantes y compra de maquinaria para conservación, garantizando mejores comunicaciones y acceso a explotaciones agrarias y ganaderas.

En el terreno tecnológico, la Junta invertirá 3,4 millones de euros en la tercera sede de Fundecís en Mérida, que acogerá a una docena de empresas y unos 200 profesionales altamente cualificados. Con ello, la capital extremeña se convertirá, ha asegurado la portavoz, en referente regional en proyectos de base tecnológica, sumándose a las sedes ya existentes en Cáceres y Badajoz.

Las inversiones se completan con actuaciones en turismo y cultura:

• 1,1 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de la hospedería conventual de Alcántara.

• La declaración de la Plaza de Toros de Trujillo como Bien de Interés Cultural, garantizando su conservación como joya arquitectónica del siglo XIX.

• Un convenio con la Universidad de Extremadura para la digitalización en 3D del patrimonio cultural, con una aportación de 360.000 €.

El sector del transporte y el almacenamiento en Extremadura afronta un serio riesgo por la falta de relevo generacional y la escasez de formación adaptada. Así lo advierte UGT Extremadura en uno de los tres estudios presentados hoy en Mérida sobre necesidades formativas, elaborados en colaboración con la Junta a través del SEXPE.

Según el informe, uno de cada cuatro trabajadores del transporte no realiza cursos habitualmente, y entre quienes sí los reciben, otro 25% considera que la formación no se ajusta a sus necesidades reales. Las personas encuestadas reclaman más contenidos sobre prevención de riesgos laborales, digitalización y habilidades sociales para afrontar los retos del sector.

El secretario de Formación de UGT Extremadura, Salvador Vallejo, ha subrayado que “sin cualificación profesional, el transporte no podrá garantizar su futuro ni su papel estratégico en la economía regional”.

Brecha formativa en las mujeres

Otro dato preocupante: el 22% de las mujeres ocupadas no recibe formación especializada en su puesto de trabajo, según explica Gabriel Molina, técnico de formación y empleo del sindicato. El tercer estudio analiza el sector sociosanitario, donde se detectan deficiencias en formación sobre rehabilitación y cuidados de enfermedades degenerativas, en un ámbito con alta temporalidad y fuerte demanda de cualificación.

UGT reclama que la formación para el empleo se refuerce como política pública estratégica, con mayor difusión, adaptación a horarios laborales, enfoque práctico y perspectiva de género.