Ha comenzado el juicio por el asesinato de Belén Cortés, la joven que perdió la vida el pasado 9 de marzo de 2025. Aquel día, en la vivienda —un piso tutelado bajo medidas judiciales— se encontraban cuatro menores. Según la investigación, la agresión se habría producido en el momento en que intentaban marcharse del domicilio. Fue el cuarto de ellos quien dio la voz de alarma. Tras el crimen, los menores huyeron en el coche de Belén. Condujeron hasta Lobón, donde sufrieron un accidente. La chica fue interceptada cerca del lugar, mientras que los tres chicos hicieron autostop dirección Mérida. Finalmente, fueron detenidos en el polígono Nueva Ciudad. Desde entonces, permanecen internados en el centro de menores Marcelo Nessi, en régimen cerrado. La Fiscalía solicita cinco años de internamiento para la joven implicada y seis años para los tres chicos. Ahora, un año después, el caso llega a los tribunales, y con él surgen muchas preguntas: ¿Cómo se desarrolla un juicio de menores? ¿Cumplirán la totalidad de la condena en el Marcelo Nessi? ¿Está aumentando la violencia entre menores en nuestra región? ¿Podría tener relación con los modelos educativos y el entorno familiar? El caso de Belén Cortés ha abierto un debate social profundo sobre la responsabilidad penal de los menores y el papel que la educación y la prevención deben jugar para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.
Las Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por el PP han denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no "diera cuenta" de la gestión del Fondo Social europeo para el Clima --del que le corresponden unos 6.800 millones de euros a España-- "pese a su impacto directo en proyectos de adaptación que deben ejecutarse en el territorio".
Además, han criticado que la ministra del ramo, Sara Aagesen, haya definido el Fondo como un "fondo menor", algo que consideran como una "actitud impropia" para su cargo. "Las CCAA advierten del riesgo real de perder recursos si el Gobierno sigue sin presentar a tiempo propuestas sólidas ante la Comisión Europea", han señalado.
El Fondo Social para el Clima es un fondo creado por la Unión Europea (UE) y dotado con hasta 65.000 millones de euros entre 2026 y 2032. En febrero de este año, Transición Ecológica comenzó a tramitar el Plan Social para el Clima, el instrumento planificador que contiene las medidas e inversiones propuestas por el Gobierno para articular esta ayuda.
Así se han expresado las autonomías del PP tras la reunión del Consejo Nacional para el Clima, que en sus palabras se celebró este martes "sin información ni documentación previa, alterando puntos del orden del día.
A principios de mes, las CCAA lanzaron en el marco de toda una serie de peticiones que trasladaron a Transición Ecológica al rechazar participar en la convención 'Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática'. Ahora, han denunciado que no ha tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio a esta "hoja de ruta".
Por último, han exigido la celebración de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con orden del día, documentación con 15 días de antelación, acta y votación, y grupos técnicos operativos por materias. "España no puede cambiar sola la trayectoria del clima global, pero sí puede proteger mejor a sus ciudadanos si prioriza adaptación medible, inversiones y coordinación. La declaración conjunta ya trasladó al Gobierno un paquete de medidas concretas y una metodología de trabajo seria", han recalcado.
Extremadura pide al Gobierno que cumpla con el Fondo Social para el Clima
El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha pedido al Gobierno central que cumpla con el Fondo Social para el Clima (FSC) ante el riesgo que existe de perder fondos si no se presentan propuestas "sólidas" ante la Comisión Europea.
A este respecto, durante su participación en el Consejo Nacional para el Clima, ha lamentado que no se ha dado cuenta de la gestión del FSC, a pesar del impacto que este fondo tiene en los proyectos de adaptación que deben llevarse a cabo en las distintas comunidades autónomas.
En el encuentro, ha advertido del "riesgo" que existe de perder recursos ante el "incumplimiento de plazos" para acceder a casi 7.000 millones de euros del citado fondo. Igualmente, Puebla ha mostrado el rechazo de Extremadura al Pacto por la Emergencia Climática porque "se sale de los órganos formales para deliberar, no aporta medios ni financiación o un calendario", indica en una nota de prensa.
Se trata, ha manifestado, de un "plan propagandístico que no atiende a las verdaderas necesidades" de las regiones. Además, ha recordado que varias comunidades autónomas firmaron un acuerdo con algunas medidas que debería recoger ese pacto y no se han tenido en cuenta.
Además, Puebla ha lamentado que esta reunión se ha celebrado "sin información ni documentación" previa y se han "alterado" algunos puntos del orden del día.
Finalmente, en el marco de este Consejo, también se ha solicitado la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar cuestiones fundamentales en esta materia, fuera de ideologías y atendiendo a las necesidades reales de los territorios.
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Con Lucía Semedo.
El último Informe Edelman revela que el 72% de los ciudadanos de Extremadura confía en que las empresas, empleadores y líderes empresariales harán "lo correcto", una cifra que supera en casi 20 puntos la media nacional, situada en el 53%.
Además, el 88% de los extremeños muestra "plena confianza en su empleador", según el estudio que analiza la percepción ciudadana sobre instituciones como el empresariado, el Gobierno, los medios de comunicación y las ONG.
Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) destacan que la confianza en el empresariado "se dispara" en Extremadura, donde las empresas se consolidan como uno de los pocos actores capaces de mantener un vínculo sólido con la ciudadanía en un contexto de fragmentación social, económica y política.
El informe también señala que casi la mitad de los extremeños confía en que los CEO hagan "lo correcto", porcentaje que sube al 69% si se pregunta por "mi CEO". En cuanto a la gestión de nuevas tecnologías e innovaciones, el 65% confía en las empresas, cifra que aumenta once puntos cuando se refiere a "mi empleador".
Javier Peinado, secretario general de Creex, afirma que "los datos están ahí y dicen claramente que los ciudadanos confían en sus empresas y en sus empresarios", y que esta confianza ha crecido tras crisis como la pandemia. También destaca que la cercanía entre trabajadores y empresarios en Extremadura, donde predominan las pymes y microempresas, refuerza esa confianza.
Peinado concluye que "las campañas de demonización y descrédito" contra el empresariado "no calan en la ciudadanía", que reconoce quién genera riqueza y empleo en la región.
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Extremadura cuenta con cuatro Centros de Atención Integral 24 horas para víctimas de violencia sexual. Desde su puesta en marcha, han atendido a un centenar de casos, ofreciendo apoyo psicológico, legal y social. Actualmente, siguen activos 63 casos en los que se garantiza acompañamiento y espacios seguros. Los centros 24 horas refuerzan su labor de apoyo a víctimas de violencia sexual.
La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, destaca que "Esos casos suponen o implican que se esté dispensado una atención integral, jurídica, psicológica y social, no solamente a la víctima, sino también a sus familiares más cercanos".
Este refuerzo llega en un momento en el que las denuncias y condenas por violencia sexual crecen entre los jóvenes de 14 a 18 años. La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, subraya que "Es importante que también cada uno detecte las señales, la detección temprana es fundamental contarlo. Confiar en las instituciones. Si tú no confías en una institución, porque a lo mejor tienes 14 años y te da miedo, no quieres ser estigmatizada, confía en tu amiga, confía en tu profesora".
Una violencia sexual que se ejerce desde nuevos escenarios, como la ciberdelincuencia, que modifica la manera de interactuar y hace que las víctimas sean aún más vulnerables. La psicóloga forense y sanitaria experta en ciberdelincuencia sexual, Irati Fernández, advierte que "Aparecen conductas de sexting involuntario, a lo mejor cuando una persona está siendo coaccionada o amenazada para practicar o enviar imágenes cuando ella realmente no desea".
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, señala que "La ciberdelincuencia se viene explayando en este ámbito, precisamente porque facilita la comisión delictiva, cualquiera tiene una herramienta a través de la cual se puede cometer un delito, también de ámbito sexual".
Profesionales que trabajan en contacto con la víctima y su entorno participan desde hoy y hasta el viernes en el cuarto Congreso de Violencia Sexual en Extremadura.