El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que modifica el real decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha flexibilizado el decreto que aprobó tramitar de urgencia hace más de seis meses tras recibir el pasado 11 de septiembre el informe del Consejo de Estado. Para contar con el visto bueno del Consejo de Estado, el Departamento que dirige Diana Morant ha asumido las dos observaciones esenciales del organismo.
De este modo, el Ministerio ha eliminado la exigencia de experiencia en gestión universitaria de la entidad promotora. No obstante, el equipo directivo de la universidad sí deberá contar con experiencia de gestión universitaria.
Cuando el proyecto de universidad presente la memoria para su evaluación, deberá reflejar quién es el primer equipo que supuestamente liderará la institución, con el objetivo de que tenga solvencia.
Por otro lado, el Consejo de Estado reflejó que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria para que las nuevas universidades amplíen su oferta de títulos no podía ser vinculante. Con la modificación del decreto, la ampliación de títulos universitarios deberá pasar por la Conferencia General de Política Universitaria pero no será vinculante.
La última universidad privada fue creada en 1998
El Gobierno ha aprobado esta norma con el objetivo de que todas las universidades, indistintamente de su localización, cumplan con unos estándares de calidad.
En los últimos años las administraciones públicas han reconocido 27 universidades privadas, mientras que la última universidad pública se creó en el año 1998 y fue la Universidad Politécnica de Cartagena.
Desde el año 2018 el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha emitido 25 informes de proyectos de universidad, que remitía a la Conferencia General de Política Universitaria (donde están representados el Gobierno y las comunidades autónomas) y que no era vinculante. De los 25 informes, 13 fueron desfavorables y, de ellos, cuatro proyectos fueron aprobados por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, a pesar de no contar con el visto bueno de los técnicos del Ministerio.
El nuevo real decreto establece que, a partir de ahora, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.
En España en estos momentos hay once agencias de calidad, que son independientes y autónomas: La ANECA y diez agencias en las comunidades autónomas. Todas ellas forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad.
Con la nueva norma, si la evaluación de la agencia de calidad es favorable, la tramitación del proyecto de nueva universidad continuará en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que se encargará de emitir un informe preceptivo pero no vinculante, realizado por sus técnicos, que se centrará en la solvencia económica del proyecto y en la experiencia educativa del equipo de dirección.
Para reforzar la autonomía e independencia de la evaluación de un proyecto universitario, las agencias de calidad crearán una comisión, que tendrá una mayoría de profesorado que será elegido por sorteo nacional de las universidades españolas.
Asimismo, se exigirá que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes. También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
Por otro lado, el nuevo real decreto recoge que el reconocimiento de las universidades online debe ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA.
Esta medida se aplicará a los nuevos centros de educación a distancia salvo en tres excepciones: Las que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónomas; las que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua; las que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.
Con el nuevo decreto, se exige que, cuando se quiera crear o reconocer una universidad, en la memoria del proyecto se recoja el compromiso de que la institución va a disponer a los tres años de estar en funcionamiento de un número de plazas de alojamiento equivalente al 10% de estudiantes.
La universidad deberá dedicar también el 5% de su presupuesto a impulsar la investigación y el 50% de los profesores tienen que ser doctores, dentro de los cuales el 60% tienen que tener una evaluación positiva, con al menos de un sexenio de investigación.
Además, se facilita tanto a las universidades públicas o universidades privadas que puedan expandirse al extranjero y que, con la autorización de la comunidad autónoma y los informes del Gobierno, puedan crear facultades fuera de España, con el objetivo de que la universidad española tenga más capacidad de competir en el escenario internacional. También se crea una nueva figura, la del centro de altos estudios.
Plazos flexibles
Para las universidades que ya están en activo o las nuevas que se creen a partir de la entrada en vigor del decreto, el plazo de cumplimiento de requisitos es de tres años, mientras que para aquellas de reciente creación, autorizadas en los últimos tres años, el plazo es de cinco años.
No obstante, para cumplir algunos criterios tendrán un plazo más largo, como el número de estudiantes, cuyo plazo es de seis años, o incluso siete años para algunos requisitos.
En caso de incumplimiento, la universidad estará obligada a presentar un plan de choque para arreglar su situación y dispondría de tres años más para solucionar ese incumplimiento. Así, una universidad que no cumpla con el número de estudiantes en seis años tendría otros tres años más.
Si el requisito de 4.500 estudiantes no se alcanza en seis años, el decreto establece un porcentaje de cumplimiento: Si se cumple el 70% de ese objetivo no se tomarán medidas al considerar que va en la senda adecuada.
A partir de ahora, en el título universitario figurará si se ha adquirido en la modalidad presencial, virtual o híbrida.
