La consejera portavoz, Elena Manzano, ha explicado en rueda de prensa que la Junta "ha aceptado todas y cada una de las peticiones planteadas por las empresas", todas aquellas, eso sí, que están en el marco de la ley.

La portavoz del gobierno regional ha comparecido tras la reunión habitual del Consejo de Gobierno, y ha querido dejar claro que "cada exigencia venía acompañada de otra más". Concretamente, ha detallado que "las empresas han llegado a exigir que les quitemos las rutas a empresas que han licitado" y que son adjudicatarias legalmente del servicio, para que se las adjudiquen a ellas que ni siquiera han licitado. Es decir, "llegan al punto de considerar las rutas como suyas". 

La Consejería "lo ha intentado todo", dice Manzano, incluso, acudir a otras empresas del sector a nivel nacional para que se hagan cargo del servicio. Y añade que "no es un problema de dinero". Por ello, la portavoz asegura que el gobierno "asume la responsabilidad en la prestación de servicio público", pero añade que "no somos culpables de esta situación".

Eso sí, Elena Manzano ha asegurado que la Junta seguirá "defendiendo siempre el derecho a la educación" y la prestación del servicio, y para ello, utilizará todas las herramientas judiciales y administrativas disponibles. 

Medidas cautelares

También desde el ámbito judicial, la consejera ha anunciado que la Junta interpondrá un recurso contra el auto del juzgado de Mérida que no aceptó imponer la prestación del servicio a las empresas como medida cautelar. En este caso, dice Manzano, el recurso irá acompañado de toda la información acerca de las negociaciones que se han mantenido durante los últimos días. 

Ayudas para sufragar el kilometraje

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a un Decreto Ley de ayudas urgentes para alumnos afectados por la falta de transporte escolar. Estas ayudas consistirán en el abono de 0,26 euros por kilómetro recorrido, concretamente, para dos recorridos por día lectivo, uno de ida y otro de vuelta, entre el domicilio y el centro educativo en el que estén matriculados los alumnos. Serán ayudas de concesión directa que estarán operativas hasta que se reestablezca la prestación del servicio. 

Desde el 11 de septiembre hasta el día 19, el único requisito es ser beneficiario del transporte escolar. Y a partir del 22 de septiembre, se comprobará que se ha asistido al centro. 

La consejera ha asegurado que el gobierno sabe que las familias "están realizando un gran esfuerzo para llevar a sus hijos a los centros" y esperan "contribuir a sufragar esos gastos" y "minimizar el perjuicio causado por la falta de prestación del servicio".

La Unión convoca tractorada y concentración en Pozuelo de Zarzón el próximo 24 de septiembre para protestar por la falta de negociación de los contratos de compra-venta de aceituna de mesa. En Pozuelo de Zarzón, concretamente, confluirán cinco columnas llegadas desde Montehermoso, Villanueva de la Sierra, Santa Cruz de Paniagua, Guijo de Coria y Torre de Don Miguel.

La organización agraria explica que las industrias elaboradoras de aceituna de mesa están retrasando "de manera injustificada" la firma de los contratos "con el fin de presionar al sector productor" para que baje el precio ante la maduración de las aceitunas. Los productores, eso sí, reivindican precios que nunca estén por debajo de los costes de producción, calculados en 1,10 €/kg más el porcentaje de beneficio del agricultor, calculado a modo de ejemplo en 1,32 €/kg de media.

Por este motivo, La Unión ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura la convocatoria de un acto de protesta en Pozuelo de Zarzón el próximo 24 de septiembre de las 10:00 a las 15:00 horas, además de una concentración en la rotonda que une las principales carreteras.

"Si como resultado de dicha concentración no se solventa el problema, se convocará Paro General de recogida de aceitunas en las comarcas productoras", ha sentenciado la organización.

Además, La Unión afirma que no permitirán que los compradores "se pongan de acuerdo" para pagar un precio que "además de ilegal es inmoral". Recuerdan que la demanda internacional de aceituna de mesa es superior a la oferta y que los precios de venta al consumidor "están muy por encima de los pagados a los productores" por lo que el margen comercial es suficiente para satisfacer el precio reivindicado por los productores.

Estamos en el Día Mundial del Teletrabajo, una modalidad laboral que cobró especial auge en el transcurso de la pandemia, pero que, en los últimos años, tiende a reducirse. En Extremadura, el teletrabajo registra cifras inferiores a la media nacional. Resiste, aunque con apuros.

Un estudio de Infojobs indica un ligero repunte, pero sin llegar a las cifras de 2020. Surgen tensiones entre los empleados que piden acogerse a esta modalidad. José Canseco, experto en liderazgo y personas de la consultora The Human Touch, señala que "parece claro que el trabajo en remoto pierde empuje", y añade que Extremadura tiene unos niveles de conectividad a la par del resto de España, por lo que considera que es una cuestión "de costumbres de la región" y de la forma de trabajar de las propias empresas.

Los niveles de teletrabajo irán acomodándose a los diferentes sectores de actividad y también evolucionará, dice el experto, en función de la implantación de la inteligencia artificial o la robótica en los próximos meses. 

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Alange, como presunto autor de un delito contra la salud pública por traficar con droga en las proximidades del recinto ferial de su localidad.

Fue la noche del pasado domingo, dentro del dispositivo especial de seguridad establecido para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes, así como su tenencia y consumo, durante las fiestas patronales de “Nuestra Señora La Virgen de la Milagrosa” en Alange, cuando agentes de la Guardia Civil de esta localidad en colaboración con Policía Local, observaron la actitud sospechosa de una persona en las proximidades del recinto ferial, en una zona de gran afluencia de jóvenes.

Ocultaba 13 papelinas de cocaína

Una vez identificado, se trataba de un vecino alangeño, quien mostró una actitud nerviosa y esquiva ante la presencia policial, por lo que se llevó a cabo la inspección superficial tanto de sus pertenencias como del vehículo que conducía, donde localizaron ocultas en un monedero 13 papelinas de cocaína ya preparadas para su venta.

Además de las sustancias tóxicas intervenidas, hallaron 100 euros en billetes de diverso valor, distribuido por diferentes compartimentos del turismo.

Con las pruebas incriminatorias se le detuvo y fue trasladado a dependencias oficiales, donde se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito contra la salud pública al traficar con drogas.

Diligencias que, junto al detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Mérida.

Más de 40 empresas del sector del transporte escolar en Extremadura han emitido un comunicado conjunto para desmentir las declaraciones realizadas por la Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, en su comparecencia ante los medios este lunes. Las compañías aseguran que la raíz del conflicto no está en presuntas coacciones ni exigencias ilegales, sino en el “grave incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Administración y operadores del sector el pasado 12 de marzo de 2025”.

Las empresas lamentan que la situación haya derivado en un "caos" que afecta directamente a las familias en el inicio del curso escolar. Recalcan que su objetivo sigue siendo “ofrecer un servicio de calidad, garantizando la seguridad de los estudiantes y unas condiciones justas tanto para los trabajadores como para las propias compañías”.

El comunicado, denuncia un contexto de “engaño, falta de compromiso y acusaciones falsas”, y recuerda que el documento firmado por la Consejera incluía compromisos como la modificación del Acuerdo Marco y la actualización de tarifas. Sin embargo, aseguran que la Administración ha decidido seguir adelante sin aplicar los cambios prometidos.

Ninguna petición ilegal

Además, rechazan las acusaciones de la Consejera, quien afirmó que las empresas habían pedido “firmar compromisos contrarios a la ley” y que habían ejercido "coacciones". El sector responde que “nunca ha solicitado nada ilegal” y subrayan que sus propuestas ya se aplican legalmente en otras comunidades autónomas. 

Explican que durante las negociaciones mantenidas el pasado fin de semana, las empresas y la Consejería habían alcanzado "de manera verbal una serie de acuerdos que se ajustaban plenamente a la legalidad", sin embargo, "la sorpresa llegó cuando las compañías recibieron el documento oficial para su firma y comprobaron que esos puntos pactados no figuraban en el texto".

El comunicado también denuncia episodios de presunta intimidación, como la visita de "supuestos empleados públicos" a domicilios de empresarios y llamadas telefónicas en las que les habrían amenazado "con emprender acciones legales" si no retomaban el servicio. El sector considera que estas acciones evidencian “una estrategia de intimidación que agrava aún más la falta de confianza hacia la Consejería”.

Finalmente, las empresas reiteran su disposición al diálogo, siempre que se respeten los acuerdos previos y se eliminen las presiones. “El objetivo de las empresas es, y ha sido siempre, el poder prestar un servicio de calidad a todos los estudiantes de Extremadura”, concluyen.