El juicio por la presunta contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha quedado visto para sentencia tras varias semanas de sesiones intensas, en un proceso que ha captado una gran atención mediática y social desde su inicio el pasado 28 de mayo. La vista oral se ha desarrollado en la Audiencia Provincial de Badajoz bajo estrictas medidas de seguridad. Por la sala han pasado los 11 acusados, 16 abogados, 42 testigos y peritos, además de más de medio centenar de medios de comunicación que han seguido el juicio en una sala de prensa aledaña.

El juicio arrancó con las cuestiones previas planteadas por las defensas, que intentaron anular total o parcialmente la causa al considerar que se basaba en una denuncia falsa y una investigación de carácter prospectivo. Frente a ello, las acusaciones defendieron la instrucción judicial, calificándola de "modélica".

El 1 de junio, el tribunal resolvió continuar con el procedimiento, aunque introdujo algunos cambios relevantes: excluyó a Miguel Ángel Gallardo de una de las contrataciones investigadas y declaró prescrito uno de los cargos contra David Sánchez, el relativo a la aceptación de nombramiento ilegal.

Testimonios contradictorios

A partir de ese momento comenzaron las declaraciones de testigos y peritos, que han marcado el desarrollo del juicio con versiones contrapuestas. Entre las primeras intervenciones destacaron las de los directores de los conservatorios, que explicaron el contexto de uno de los correos más comentados del caso, con el asunto "Hermanísimo", intercambiado el día de publicación de las bases de la plaza.

También declararon aspirantes al puesto investigado. Mientras uno de ellos aseguró no haber detectado irregularidades en el proceso, otra candidata afirmó que no hubo igualdad de oportunidades y denunció un trato desigual durante la selección.

Uno de los momentos más relevantes se produjo con la declaración del teniente general de la UCO, Antonio Balas, que apuntó a Miguel Ángel Gallardo como impulsor de la plaza.

Posteriormente comparecieron los 11 acusados, entre ellos David Sánchez y el propio Gallardo, quienes defendieron su inocencia. En su intervención, Sánchez negó que el presidente del Gobierno le hubiera pedido favorecer la contratación de su hermano, y explicó que la Oficina de Artes Escénicas no es un edificio físico sino una figura administrativa. 

Giro en la petición de penas

El juicio dio un vuelco en la fase final cuando las acusaciones solicitaron una recalificación de los hechos, elevando la petición de penas hasta seis años de prisión para David Sánchez y cuatro años para Gallardo por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Una solicitud que fue duramente rechazada por las defensas, que la consideran inadmisible y mantienen la petición de absolución al asegurar que no existen pruebas de cargo.

En las últimas sesiones, celebradas entre lunes y martes, las partes han presentado sus conclusiones finales. Las acusaciones sostienen que el proceso de contratación fue diseñado "a medida", mientras que la Fiscalía y las defensas defienden la legalidad del procedimiento. 

Con el juicio ya concluido, será ahora el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz el encargado de dictar sentencia en un caso que ha generado una gran expectación y cuyo desenlace se conocerá en las próximas semanas.