7 Mayo 2025, 11:37
Actualizado 7 Mayo 2025, 11:38

El Juzgado de lo Penal nº1 de Badajoz condenó a un hombre por dos delitos de coacciones agravados por odio racista hacia una familia gitana con dos hijos menores. El acoso comenzó en 2014, cuando la familia llegó a la comunidad. Desde el primer día, el condenado les acosaba, solicitando el contrato de alquiler sin tener derecho a ello. Llamaba constantemente a la policía por ruidos inexistentes, y en numerosas ocasiones, cuando se cruzaba con la madre y sus hijos, les gritaba y les reclamaba una deuda inexistente con la comunidad.

 "Gitano paga o vete"

El acoso incluso llegó a impedirles usar el ascensor, diciéndoles que no eran dignos de su uso y que debían limpiar las zonas comunes para saldar la supuesta deuda. En una ocasión, la familia encontró su vehículo con una pintada racista que decía "Gitano paga o vete". Esta situación generó una fuerte ansiedad y miedo en la familia, afectando su sensación de seguridad, especialmente en la madre, que temía salir sola o con sus hijos.

La condena pone el foco en el acoso discriminatorio y el antigitanismo

Con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano, la familia denunció los hechos ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de Badajoz. La Fundación, que acompañó y asesoró a la familia durante todo el procedimiento, expresó su satisfacción ante la condena, destacando que pone el foco en el acoso discriminatorio y el antigitanismo. La Fundación subrayó que esta situación no es aislada y que muchas familias gitanas enfrentan discriminación similar en sus comunidades vecinales, lo que afecta su dignidad y el derecho a una vivienda digna en condiciones de igualdad.

Los delitos de odio no pueden quedar impunes

La directora general de la Fundación, Sara Giménez, señaló que la sentencia reconoce el hostigamiento motivado por antigitanismo y envía un mensaje claro de que los delitos de odio no pueden quedar impunes. Además, destacó la importancia de la respuesta de los tribunales y mencionó la reciente aprobación del nombramiento de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, una figura esencial para abordar administrativamente los casos que no constituyen delito.