La asociación ecologista Adenex ha criticado con dureza la decisión del Gobierno de autorizar la prórroga de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030. La organización considera que la medida resulta “errática” y asegura que contradice la política energética estatal aprobada por el Parlamento español y respaldada por la Unión Europea.

Según la entidad, la decisión carece de una justificación coherente y deja al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en una situación de incertidumbre. Adenex ha advertido además de que los escenarios climáticos para los próximos años apuntan a condiciones más adversas en Europa y ha puesto como ejemplo la reducción del caudal del río Danubio y las dificultades que ya han obligado a detener temporalmente varias centrales nucleares del continente.

Impacto sobre las renovables y el calendario nuclear

La organización ha sostenido que ampliar la vida útil de los dos reactores de Almaraz durante un año y medio y dos años y medio, respectivamente, compromete el desarrollo de las energías renovables, el almacenamiento y las medidas de ahorro energético. A su juicio, esta decisión acabará alterando también el resto del calendario de cierre previsto para el parque nuclear español.

Adenex ha alertado asimismo de las consecuencias que la prórroga puede tener para la empresa pública Enresa, responsable de la gestión de los residuos radiactivos y de los futuros desmantelamientos. La asociación ha señalado que el proceso para clausurar Almaraz ya había iniciado su tramitación y considera que el nuevo escenario complica la planificación prevista para afrontar varios desmantelamientos simultáneos a partir de 2030.

Críticas al CSN y al Gobierno

La entidad también ha cuestionado la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En este sentido, ha asegurado que las reiteradas incidencias registradas en la central, incluida una avería que aún permanece en proceso de reparación, hacen difícil entender el informe favorable emitido por el organismo regulador.

Además, Adenex ha criticado que la decisión se haya adoptado, según su valoración, sin un debate previo entre las fuerzas políticas que sustentan al Ejecutivo. La organización ha defendido que las centrales nucleares no pueden desempeñar una función reguladora dentro del sistema eléctrico cuando falta producción eólica o solar, al no poder adaptar su potencia de forma inmediata a las necesidades de la red.

Alternativas económicas en Campo Arañuelo

La asociación ecologista ha asegurado que en la comarca del Campo Arañuelo ya existe un tejido industrial emergente destinado a compensar el impacto laboral derivado del cierre de la planta. Adenex ha recordado que la central emplea a algo más de 800 trabajadores y ha subrayado que las tareas de mantenimiento y gestión de residuos se prolongarán durante décadas tras el cese de actividad.

La organización también ha criticado las cifras de empleo difundidas por el sector pronuclear y ha reprochado a los alcaldes de la zona que no hayan explicado el destino de los recursos económicos recibidos durante años para reforzar el desarrollo económico y laboral de la comarca.

Recuerda el precedente de Garoña

Por último, Adenex ha recordado que un Gobierno puede ordenar el cierre de una central nuclear incluso existiendo un informe técnico favorable del CSN. Como ejemplo, ha citado el caso de Santa María de Garoña, cuya clausura fue respaldada por una sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de julio de 2011.

La organización ha defendido que el Estado, como responsable último de la gestión de los residuos radiactivos, también debe asumir su responsabilidad política en una tecnología que considera asociada a riesgos inherentes. En este contexto, Adenex ha citado las conclusiones recogidas en su publicación "Amanecer sin Almaraz", editada en octubre de 2025, y ha insistido en que las centrales nucleares “no tienen derechos infinitos ni ilimitados”.