Los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, y que deberán votarse este viernes en un pleno extraordinario del Congreso, no gustan en Extremadura. Ni a los agentes de la propiedad inmobiliaria, que creen que suponen un exceso regulatorio, ni a la Oficina de Derechos del Inquilino, afín al sindicato de inquilinos, que considera que las medidas se quedan muy cortas.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Badajoz, Jorge Navarro, resume así su postura: “Lo peor es que se está mirando por el inquilino y no se está mirando por el propietario. Tiene que haber un equilibrio entre los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos por igual”. Asegura que los decretos generarán inseguridad jurídica y que no resolverán el problema de fondo: la falta de oferta. “Hay que construir, construir y construir viviendas”, insiste.

Los inquilinos tampoco están contentos

En el lado contrario, pero igualmente crítico, la Oficina de Vivienda de Cáceres, a través de Ángel Andreo, lamenta que el decreto “no cumple en absoluto las expectativas del movimiento de vivienda”. Señala que no incluye contrato indefinido, ni congelación de alquileres, y que la situación en Extremadura seguirá igual: “Va a seguir habiendo una Maricarmen al día, un desahucio al día. Vamos a seguir teniendo precios de Sevilla en Cáceres, que nadie entiende”.

Ángel Andreo también pone el foco en las reducciones fiscales que incorpora el decreto, que a su juicio favorecen la especulación: “Se está subvencionando el negocio de la vivienda. Quien quiera hacer negocio que compre oro o criptomonedas. La vivienda no es para especular”.

Mañana se publicará en el BOE el segundo de los decretos, que incluirá una novedad relevante: si un casero rompe un contrato de forma irregular, deberá indemnizar al inquilino con 12 meses de renta.