Los dos alcaldes y las tres alcaldesas de Cáceres, Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado, han acudido al juzgado para declarar ante el juez, y todos han asegurado que no han recibido presiones por parte del presidente de la Diputación cacereña. El primero en declarar ha sido el alcalde de Cáceres, Luis Salaya,que explicaba que nunca recibió indicaciones para aplicar la ley de memoria histórica. Aseguraba Salaya que la intención de los denunciantes era ver a los alcaldes cacereños en los juzgados donde los ediles han acudido como testigos. En la puerta, eran varias las personas que protestaban contra la ley de memoria histórica en apoyo a la demanda de los abogados cristianos.
El letrado de la Asociación ha anunciado que pedirá al Juzgado nuevas declaraciones de testigos y aportará más pruebas documentales contra la Diputación.La Asociación Española de Abogados Cristianos presentó una querella contra el presidente de la institución provincial por entender que vinculaba la concesión de subvenciones a la retirada de las cruces.
EL Juzgado número 3 es el encargado causa que se instruye contra el presidente de la Diputación, Carlos Carlos por presunta prevaricación. El caso está aún en fase de instrucción y será el juez el que determine si hay pruebas suficientes para abrir la fase de juicio oral.
