El Gobierno de España ha presentado su propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica, un nuevo modelo que prevé un incremento global de los recursos de unos 16.000 millones de euros para el año 2027, gracias a una mayor cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Una reforma que, según ha subrayado el Ejecutivo, no supondrá pérdidas para regiones como Extremadura, a pesar de que el diseño inicial beneficia más a las regiones con mayor dinamismo económico.
La propuesta eleva el porcentaje de cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, lo que incrementa la financiación autonómica a través de los principales tributos estatales. Sin embargo, la propia ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido que este mecanismo favorece especialmente a las comunidades “más dinámicas y prósperas”, lo que podría situar en desventaja a territorios como Extremadura.
Uno de los ejes clave de la reforma es la reformulación de la población ajustada, el indicador que determina las necesidades reales de financiación de cada comunidad. En este cálculo se tiene en cuenta la población empadronada (30%), la población protegida equivalente —clave para el gasto sanitario— (38%), la población en edad escolar y universitaria, los mayores de 65 años, los parados sin prestación y factores como la superficie, que supone el 1,6% de la ponderación.
Compensaciones
Para evitar ese efecto, la vicepresidenta primera ha anunciado la incorporación de un instrumento de nivelación adicional que garantice que “ninguna comunidad pierda dinero” con el nuevo sistema. Montero ha mencionado expresamente a Extremadura y Cantabria, asegurando que, aunque estas regiones no resulten especialmente beneficiadas por el incremento de la cesión fiscal, al menos mantendrán los recursos actuales.
Por ello, estas comunidades recibirían un incremento de 216 millones de euros, en el caso de Extremadura y 46 millones en el de Cantabria a través del Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del 'statu quo' están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.
De este modo, ha descartado una ordinalidad total en el reparto, es decir, que las comunidades con mayor capacidad recaudatoria queden siempre por delante en financiación por habitante, una reivindicación que preocupa especialmente a las regiones con menor renta y mayor dispersión poblacional.
La ministra ha defendido que la reforma responde al compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de actualizar un modelo que llevaba 17 años caducado, y ha subrayado que “no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformular el sistema de financiación”.
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