El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que contempla ayudas para los afectados de Extremadura y Andalucía por las borrascas por valor de más de 7.000 millones de euros.
Así lo ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Este paquete de medidas se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil, aprobada el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros.
"Los recursos movilizados van a cubrir los daños generados en los municipios, compensar a más de 12.400 personas desalojadas, así como mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios, el sector agrícola y pesquero", ha señalado la ministra.
Montero ha afirmado que el objetivo no es solamente paliar los daños sino "impulsar la reconstrucción" de los lugares e infraestructuras más perjudicados. La ministra ha lanzado un mensaje de "esperanza" a los afectados, prometiendo que el Gobierno movilizará todos los recursos necesarios.
"De hecho, aunque aprobemos las ayudas hoy, puede ser que en el futuro haya que incorporar algo que aparezca como daño nuevo (…) seguiremos acompañando a los afectados cuando desaparezcan las cámaras", ha sostenido.
150 euros por persona y día desalojado
La ministra Montero ha desgranado las ayudas que, en primer lugar, irán dirigidas a familias y hogares afectados. Se aprueban ayudas directas para las más de 12.400 personas desalojadas por los fenómenos meteorológicos. En concreto, la compensación será de 150 euros por persona y por día, compatible con otras ayudas, como las destinadas a daños en viviendas.
"Por ejemplo, esto supone para una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar, una ayuda directa de 6.000 euros", ha indicado.
El decreto también establece que se cuadriplicará el importe de las indemnizaciones previstas por ley para daños personales y materiales. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, estarán exentas de IRPF, así como del impuesto de sociedades para empresas, y no computarán para el ingreso mínimo vital.
2.000 millones para ayuntamientos e infraestructuras
Un segundo apartado incluye ayudas para ayuntamientos, con un total de 2.000 millones de euros para reparar infraestructuras municipales afectadas. "Es una transferencia y no un préstamo", ha recalcado Montero.
El Gobierno financiará el 100% de los daños, permitirá usar el superávit de 2025 para inversiones de reconstrucción y flexibilizará la regla de gasto para comunidades y ayuntamientos perjudicados.
También se pondrá en marcha un Plan de Empleo de 50 millones de euros dirigido a los municipios afectados.
Medidas fiscales y alivios para autónomos y trabajadores
En el ámbito fiscal, Montero ha detallado medidas como la exención del IBI y la reducción del impuesto de actividades económicas en 2026 para inmuebles dañados. Si ya se hubiera pagado, los contribuyentes podrán solicitar la devolución.
También se contempla una reducción de módulos del IRPF y del régimen simplificado del IVA para actividades agrarias. Este conjunto de medidas supondrá un ahorro de unos 350 millones de euros.
En materia de Seguridad Social, se incluyen:
- Prestación por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo.
- ERTE por fuerza mayor con exenciones en cotizaciones.
- Aplazamientos y moratorias en cuotas.
- Protección de desempleo para empleadas del hogar.
- Reducción de 35 a 5 jornadas para el acceso al subsidio agrario.
Más de 2.100 millones para agricultura y pesca
El cuarto eje contempla recursos para la agricultura y el sector pesquero, con más de 2.100 millones en ayudas directas para titulares de explotaciones inscritas en zonas afectadas, además de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca de Málaga, Cádiz y Huelva.
Se destinan también 600 millones para reparar caminos rurales e infraestructuras asociadas, y 163 millones para estructuras de vías y ferrocarriles de titularidad estatal.
En el ámbito comercial, habrá 120 millones para hostelería y comercio minorista, así como líneas ICO por valor de 100 millones para daños agrarios y compensaciones del Consorcio de Seguros.
