El nuevo Ejecutivo extremeño afronta como primer reto los Presupuestos de 2026
Así se ha puesto de manifiesto en el primer Consejo de Gobierno del nuevo ejecutivo regional
El nuevo Ejecutivo de Extremadura tiene como primer encargo la elaboración de los Presupuestos de la comunidad para 2026. Según han señalado fuentes del Gobierno regional, el objetivo es que las cuentas puedan aprobarse en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en un plazo aproximado de dos semanas, para iniciar posteriormente su tramitación parlamentaria.
La elaboración de estos presupuestos supondrá una primera prueba de la consistencia de la coalición entre el Partido Popular y Vox, además de definir la senda de las políticas acordadas entre ambas formaciones. Como referencia, el anteproyecto de ley presentado el pasado mes de octubre contemplaba un presupuesto superior a los 8.600 millones de euros, lo que supuso un incremento de 559 millones respecto al ejercicio anterior, impulsado en parte por las mayores entregas a cuenta del Gobierno central y la llegada de fondos europeos.
Otro de los grandes retos del nuevo Ejecutivo es retomar el proyecto de regadío en Tierra de Barros. El consejero de Agricultura, Juan José García, ha subrayado la importancia estratégica de esta iniciativa para la región. “El regadío en Tierra de Barros es una cuestión fundamental para Extremadura. Es un proyecto económico, como siempre hemos defendido desde Vox, que crea riqueza, hecho por y para los extremeños”, ha señalado.

Imagen: Héctor Girón
Además, la Junta trabaja en la puesta en marcha de un Plan Regional de Modernización de Regadíos, con el objetivo de actualizar y mejorar las infraestructuras existentes para hacerlas más eficientes y sostenibles.
En paralelo, el nuevo Ejecutivo de PP y Vox deberá afrontar iniciativas legislativas para cumplir con la denominada “prioridad nacional”, asegurando que dichas medidas se ajusten al marco constitucional. Entre los planteamientos figura priorizar a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros, incluidos los procedentes de otros países de la Unión Europea, en el acceso a ayudas sociales, vivienda pública o determinados servicios.


