Primer acuerdo entre Gobierno y Generalitat para cambiar el sistema de financiación para Cataluña. El pacto alcanzado supone el primer paso para que Cataluña pueda recaudar y liquidar todos sus impuestos, comenzando por el IRPF.
La Generalitat pagaría a cambio por los servicios que el Estado presta en la región y una cuota de solidaridad limitada con el resto de regiones.
La Junta de Extremadura rechaza este acuerdo, cree que es un "cupo soberanista" que rompe la caja común, y que nuestra región se vería muy perjudicada porque perdería hasta 200 millones de euros al año, según la presidenta María Guardiola.
El gobierno regional opina que éste es el "pago" para que Sánchez siga en Moncloa. Por eso anuncia que recurrirá ante la justicia.
Mientras, el Gobierno aclara que mantendrá cierta tutela sobre esa recaudación por parte de Cataluña y cree que se puede generalizar el modelo a todas las comunidades. Insiste, por último, en que no perjudicará a las demás regiones.
