30 Septiembre 2019, 12:54
Actualizado 14 Enero 2021, 03:07

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Badajoz y Fuente de Cantos ha investigado a un vecino de Montemolín por un presunto delito contra la fauna por abatir con una carabina de aire comprimido a 5 ejemplares de Ibis Eremitas. Aves estrictamente protegidas en peligro de extinción, e incluidas en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de la Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Un ave 'andaluza' con presencia en Extremadura

Los animales habían nacido en Andalucía gracias a un proyecto de reintroducción de esa especie, clasificada como 'extinta' en el catálogo regional de especies amenazadas de esta comunidad. Se estima que hay unas 90 parejas en este entorno, por lo que la pérdida de 5 ejemplares supone una importante merma para garantizar su supervivencia.

Fueron los propios técnicos los que avisaron a la Guardia Civil al detectar la inmovilidad de la señal del emisor GPS que llevaban puesto a los animales y que controlaba su seguimiento vía satélite, justo cuando un grupo de seis especímenes jóvenes, habían realizado un vuelo de dispersión desde la provincia de Cádiz hasta Montemolín.

Heridos con armas de aire comprimido

Los agentes iniciaron la búsqueda junto con agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, localizando tres cadáveres en las inmediaciones de un edificio de Montemolín. Después, agentes de Medio Ambiente de Andalucía en la provincia de Cádiz recuperaron otros dos cadáveres. Todos ellos presentaban signos evidentes de haber sido heridos por disparos correspondientes a balines de un arma de aire comprimido.

Con las indagaciones llevadas a cabo por el Equipo de investigación del SEPRONA de Badajoz y Fuente de Cantos, pudieron implicar en el ilícito penal a un vecino de dicha localidad.

Las investigaciones han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra y la Fiscalía Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.

Las penas que el Código Penal prevé para este tipo de delitos se incrementan cuando se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción, por lo que podrían llegar a penas de prisión de hasta dos años o multa de hasta veinticuatro meses, así como inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar.

 

TEXTO: Redacción

IMAGEN: Canal Extremadura