La medianoche del jueves al viernes terminaba el plazo para firmar los contratos entre la industria y los productores para que estos pudiesen beneficiarse de las ayudas acopladas de la Política Agraria Comunitaria, 3 euros por tonelada. Pero el plazo pasó y por primera vez, en torno al 40 por ciento de los agricultores se negó a firmar con algunas fábricas. "Es preferible que no hagan tomate, no pasa nada, que hagan otro cultivo, pero que no pierdan dinero", dice Juan Francisco Blanco, de Cooperativas Agroalimentarias.
La gran industria, CONESA, Transa y Alsat, ofrecían en los contratos 130 euros por tonelada, por debajo de los 150 que los agricultores reclamaban para cubrir los costes de producción que estiman en unos 145 euros. "En esta negociación por parte de estas industrias ha habido chulería, un poco de prepotencia", explica Herminio Íñiguez, agricultor.
Desde UPA-UCE les acusaron de incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria al ofrecer precios por debajo de costes y apelaron a las administraciones. Ignacio Huertas exige "que intervengan ante esta actuación que vulnera la ley de manera flagrante"
Sin embargo, la Junta de Extremadura se mantuvo al margen al tratarse, según la consejera de Agricultura, de contratos privados. "Lo que esperamos es que lleguen a un acuerdo que sea equilibrado para ambas partes", advierte Mercedes Morán.
Porque todavía ambas partes pueden seguir negociando antes de que comience la campaña, pero ya los agricultores sin los 3 euros de las ayudas acopladas plantean que serán más exigentes con la industria.
Los agricultores extremeños se plantan por primera vez ante la industria del tomate
