La Junta de Extremadura ha señalado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, presentado por el Gobierno, "no refleja la realidad extremeña" y podría agravar desigualdades territoriales, ya que algunas comunidades podrían tener dificultades para aportar el 40% de la financiación que exige el Ejecutivo central.
Durante la Comisión Multilateral celebrada en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Lidia López Paniagua, secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Junta, ha criticado que el plan prioriza "la rentabilidad electoral y la confrontación con las autonomías" en lugar de ofrecer una solución estructural y consensuada.
Plan insuficiente
Según la Junta, el documento aumenta la carga normativa y de control para las comunidades, incorporando la creación del Depósito de Fianzas, el Registro de Arrendamientos y la obligación de presentar informes periódicos.
Además, el plan incluye límites de renta y alquiler elevados, aseguran, sin contemplar medidas específicas para el ámbito rural. La secretaria de Vivienda lo ha calificado como un plan marcado por la "falta de ambición cuantitativa, tensiones políticas, dudas sobre su financiación y un horizonte de resultados incierto".
La Junta advierte que, aunque el Gobierno lo presenta como un pilar del Estado del bienestar, amplios sectores consideran que se trata de un plan insuficiente.
