La Junta de Extremadura y los agentes sociales han acordado un "histórico" Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo 2026-2030 en la comunidad, dotado con más de 950 millones de euros.

Tras la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo celebrada este viernes en Mérida, ahora se inicia la tramitación administrativa del plan, que deberá ser aprobado en Consejo de Gobierno autonómico, previsiblemente en el mes de octubre, para su posterior publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este viernes en Mérida tras la reunión de la comisión sectorial el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, quien ha remarcado el "compromiso total" del Gobierno de María Guardiola con la vivienda, el impulso de la concertación y diálogo, y ha subrayado que ningún ejecutivo en la historia de la comunidad ha puesto sobre la mesa tanta dotación para el plan.

"950 millones de euros que ningún Gobierno en la historia de Extremadura ha puesto encima de la mesa para solucionar el problema de la vivienda en nuestra comunidad autónoma", ha espetado el consejero, quien ha subrayado el "compromiso total" del Gobierno de María Guardiola con el "problema" de la vivienda, no solamente por los recursos económicos que dispone el plan, sino también por las medidas que contempla.

Prioridad para jóvenes, familias vulnerables y mundo rural

Así, incluye medidas para favorecer la adquisición, construcción, rehabilitación y alquiler dirigidas principalmente al mundo rural, a los jóvenes y a las familias con menos recursos en Extremadura como beneficiarios principales, centrándose en la vivienda pública, aunque con iniciativas también destinadas a la vivienda libre.

"Que también hay ayudas a vivienda libre, también las hay, pero principalmente el plan va destinado a quien tiene menos recursos y a quien tiene menos recursos se le ayuda mediante la vivienda protegida, principalmente, no de forma exclusiva, porque no es excluyente las ayudas", ha explicado Ramírez.

En cuanto a si el plan autonómico se marca alguna cifra de construcción de viviendas públicas en la comunidad para los próximos cuatro años, el consejero ha indicado que "no", aunque ha recordado que el programa electoral del PP contemplaba 3.000 viviendas públicas construidas o promovidas, y que el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox eleva esa cifra a 3.500 viviendas construidas y promovidas.

La Junta mantiene sus reparos al Plan Estatal de Vivienda

De otro lado, cuestionado sobre la postura de la Junta respecto al Plan Estatal de Vivienda, ha recordado que a Extremadura le corresponden 210 millones de euros, de los que el 60 por ciento los financia el Estado y el 40 por ciento la comunidad autónoma; y ha indicado que el Gobierno regional acepta dichos fondos, aunque mantiene su recurso a determinados aspectos del citado plan nacional por considerar que "invade competencias".

"Sí, es que no es incompatible. Es decir, nosotros no es que estemos de acuerdo con la integridad del plan. Nosotros lo que consideramos es que el plan contempla algunos artículos que pudieran ser inconstitucionales porque invaden nuestras competencias", ha señalado Ramírez.

"Es decir, el Gobierno de España está diciendo a las comunidades autónomas, yo invito, pero tú pagas y, además, usted se toma lo que yo diga que se va a tomar. Entonces, es una invitación un poco rara", ha ahondado el consejero, quien remarca que pese a aceptar los 210 millones destinados a Extremadura como "gobierno responsable", la Junta plantea un "conflicto de competencias" sobre el plan al considerar que invade competencias autonómicas en materia de vivienda.

Así, ha recordado que, por ejemplo, el Ejecutivo extremeño ha recurrido, por considerarlo "inconstitucional", el artículo del real decreto del plan estatal donde se establece, según ha explicado, la obligación de las comunidades autónomas de invitar a la ministra a determinados actos relacionados con el plan de vivienda o solicitar autorización para su celebración.

"Eso es un precepto del Real Decreto donde establece el Gobierno de forma unilateral que las comunidades autónomas que se acojan al plan, que somos todas, o reciben autorización del ministerio para cualquier acto del plan de vivienda o viene la propia ministra o suspende los fondos. Si eso es constitucional, ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional", ha espetado.

En la misma línea, Ramírez ha reprochado que el plan estatal de vivienda "prácticamente se aprueba sin el 90 por ciento de las aportaciones de las comunidades autónomas".