20 Abril 2020, 15:33
Actualizado 14 Enero 2021, 03:44

La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura ha convalidado tres decretos-ley de la Junta de Extremadura aprobados durante la primera semana del estado de alarma en España. Dos de estos decretos recogen medidas fiscales como la ampliación temporal del pago de impuestos, la suspensión del plazo de pago de tributos, la paralización del pago de la renta de viviendas protegidas y la puesta a disposición de los servicios que sean necesarios del transporte escolar. Otro decreto validado es el relativo a la apertura durante los domingos y festivos de los establecimientos "esenciales" y las grandes superficies de alimentación. 

Todos los decretos han sido aprobados gracias a los votos del PSOE, con mayoría en la cámara. El resto de grupos políticos ha votado en contra o se ha abstenido. Ciudadanos se ha abstenido en todos los puntos. Unidas Podemos ha votado en contra de la convalidación del decreto-ley sobre el comercio. Partido Popular se ha abstenido en el apartado relativo a las medidas sociales, votando en contra de las medidas fiscales y también rechazando la apertura del comercio durante los domingos y festivos. 

La oposición en bloque considera que las medidas tomadas por el Ejecutivo en estos decretos son insuficientes. Cree que son necesarias medidas como la paralización del pago de la cuota de autónomos y la suspensión de otros impuestos y tributos. Sobre la apertura de los comercios los domingos y festivos, consideran que no es necesario exponer tanto al contagio a los trabajadores de este sector. Todos han reclamado al gobierno de la Junta que no actúe solo y que negocie  con ellos las medidas a tomar durante la pandemia.

El Gobierno regional ha defendido estos decretos-ley como efectivos y coordinados con el Gobierno central. Son medidas complemetarias a las aprobadas a nivel estatal y ayudarán a paliar los efectos de esta crisis sanitaria, según han manifestado tanto la Vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, como Rafael España, consejero de Economía, durante sus intervenciones en el Pleno.