1 Marzo 2024, 13:07
Actualizado 1 Marzo 2024, 13:07

Los interinos y laborales temporales en la administración tienen ante sí una nueva oportunidad para conseguir una plaza fija, después de que la justicia madrileña haya reconocido este derecho a una trabajadora de Telemadrid.
 
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que un Juzgado madrileño ha acatado, le dice al gobierno de Sánchez que ni los procesos de consolidación de empleo, ni la indemnización tasada, son una respuesta válida para los trabajadores, a los que ha mantenido en abuso de temporalidad y que, por ello, debe hacerlos fijos. Considera el tribunal europeo que el abuso se ha cometido contra estos trabajadores, con nombres y apellidos, no hacia la plaza que ocupan.
 
Pero el Ejecutivo ya ha planteado procesos de estabilización para todos esos trabajadores, y podría encontrarse con que, después de adjudicar esas plazas, tuviera que reconocer también la fijeza a todos los trabajadores que se hayan quedado fuera de los procesos. Javier Arauz, del bufete 'Arauz y Belda' que está llevando gran parte de estas denuncias, explicaba en el informativo de Canal Extremadura Radio, 'Primera Hora', que esta es una cuestión de calado social. «Si no paralizamos estos procesos selectivos, transformamos a este persona en fijo y sacamos a procesos selectivos el resto de plazas vacantes —que son muchas, y que tienen que ser cubiertas por el cuerpo de opositores—, vamos a tener dos funcionarios por cada plaza; el que haya superado el proceso de consolidación y el que tenga derecho —porque lo tendrá y lo tiene según esta sentencia europea— a ser fijo de manera automática en esa plaza», asegura.
 
El desembolso económico para la administración sería, por tanto, estratosférico, asegura Arauz: «Habría que indemnizar a 800.000 empleados públicos, con una indemnización disuasoria. Lo que dice el derecho comunitario es que estas indemnizaciones deben ser elevadas para que los infractores no vuelvan a hacerlo. Es a lo que se obliga, por ejemplo, a la empresa privada».
 
Sin embargo, mientras el Gobierno obliga a los empresarios a cumplir esta norma, ha estado mirando hacia otro lado con sus propios trabajadores, insisten desde el bufete Arauz y Belda. Es por eso que recomiendan, a todo aquel afectado por este abuso de temporalidad, que denuncie su situación, primero al empleador, es decir, a la administración, y más tarde en los juzgados.
 
Además, incide en que pueden reclamar no sólo los interinos que hayan ido encadenando contratos, sino aquellos que llevan cubriendo comisiones de servicios por más de dos años o bajas laborales de más de doce meses.

Temas